Exrepresentante legal de Coosalud negó las acusaciones de la SuperSalud

La Superintendencia de Salud y la Superintendecia de la Economía Solidaria revelaron nuevos hallazgos en el caso de Coosalud EPS y el presunto entramado con las otras dos empresas Coosalud Inversa y Coosalud Cooperativa, las tres bajo la representación legal de Jaime González.

Según la SuperSolidaria, “la Cooperativa COOSALUD viene manejando sus negocios de forma no autorizada o insegura, pues pretende aplicarle a la Cooperativa Multiactiva de Desarrollo Integral – COOSALUD normas que se aplican exclusivamente a: las Entidades Promotoras de Salud-EPS, las organizaciones de economía solidaria vigiladas por la Superintendencia Nacional de Salud que se encuentran autorizadas para operar el aseguramiento en salud, a las Entidades Adaptadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud- SGSSS y a las Cajas de Compensación Familiar, que operan en los regímenes contributivo y/o subsidiado independientemente de su naturaleza jurídica, tal como lo señala de manera clara el artículo 2° del Decreto 2702 de 2014″ razón por la cual decidieron intervenirla.

Además, se señaló a González de alterar los estados financieros de las empresas y una presunta violación a la ley que regula el lavado de activos.

Tras estas fuertes acusaciones, Jaime González respondió en entrevista para El Tiempo sobre las acusaciones y calificó las decisiones gubernamentales como “una cortina de humo” para desviar la atención de la crisis estructural del sistema de salud. “Todo lo que se ha hecho está en el marco legal”, afirmó González, defendiendo las operaciones financieras del grupo.

El exdirectivo explicó que la reorganización empresarial de Coosalud, iniciada en 2017, incluyó la creación de varias entidades financieras para fortalecer la capitalización de la empresa y que dichos movimientos contaron con la aprobación legal correspondiente.

“Utilizamos vehículos legales para endeudarnos, y si no fueran legales, ningún banco habría prestado recursos”, aseguró González, haciendo referencia al préstamo otorgado hace dos años por el banco GNB Sudameris.

Uno de los puntos más controvertidos fue la compra de una propiedad en Cartagena por parte de Coosalud Inversa con un préstamo de 10.000 millones de pesos otorgado por la EPS.

González argumentó que esta transacción tenía como propósito construir una clínica con 150 camas para mejorar la atención médica en Bolívar y Cartagena, zonas con grandes deficiencias en infraestructura hospitalaria. “No es una casa, es un activo que buscaba fortalecer la red hospitalaria en la región”, enfatizó.

El exdirectivo también cuestionó la actuación de los superintendentes María José Navarro y Giovanny Rubiano, sugiriendo que ambos desconocen la normatividad vigente que permite la solidaridad financiera entre empresas de un mismo grupo. Además, criticó las declaraciones públicas del superintendente Rubiano, acusándolo de falta de seriedad al no presentar pruebas contundentes sobre las denuncias.

González destacó los logros de Coosalud, que cuenta con más de tres millones de afiliados y ha sido reconocida como una de las mejores empresas para trabajar.

Según el exdirectivo, estas acciones gubernamentales no solo afectan la reputación de la EPS, sino que también generan incertidumbre en un sistema de salud ya en crisis. Por ahora, las autoridades avanzan en la auditoría, cuyo resultado definirá el futuro de Coosalud.