Emilio Tapia nuevamente fue condenado por un caso de corrupción, esta vez Centro Poblados
El polémico contratista fue condenado primero por su participación en el escándalo de corrupción denominado como el ‘carrusel de la contratación’ en Bogotá y ahora por dos casos: Centros Poblados y Emcali.
Emilio Tapia. Foto: Colprensa.
Emilio José Tapia Aldana, conocido por su participación en diversos casos de corrupción, fue condenado a seis años y cuatro meses de prisión tras aceptar su responsabilidad en el caso ‘Centros Poblados’ y en irregularidades contractuales con las Empresas Municipales de Cali (Emcali).
El empresario firmó un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación en el que admitió los delitos de peculado por apropiación agravado, fraude procesal y falsedad en documento privado. Tapia se comprometió a devolver los 5.063 millones de pesos que obtuvo de manera ilegal y hasta el momento ha restituido la mitad de esta suma mediante títulos judiciales. El saldo restante será cubierto con dos pagarés que deberá presentar en 2025 y está respaldado por un inmueble en Medellín.
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Caso ‘Centros Poblados’
En 2020, Tapia lideró un esquema para obtener fraudulentamente un contrato del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) destinado a llevar internet a escuelas rurales. Utilizó empresas ficticias y presentó garantías bancarias falsas para obtener el contrato, logrando un anticipo millonario que desvió hacia la compra de obras de arte, vehículos y gastos personales.
Corrupción en Emcali
En 2021, Tapia constituyó un consorcio para obtener contratos por más de 6.200 millones de pesos relacionados con la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAR) de Puerto Mallarino, en el Valle del Cauca. Falsificó pólizas para asegurar la adjudicación, engañando a los funcionarios de Emcali que avalaron los acuerdos.
Privación de la libertad
El empresario cumplirá su condena en un centro carcelario en Barranquilla. Su caso sigue siendo un símbolo de la lucha contra la corrupción en Colombia, evidenciando la necesidad de mayor vigilancia en la contratación estatal.
