Tribunal ordena cierre definitivo de botaderos a cielo abierto cercanos al Cortissoz
La decisión fue dictada tras una acción popular de la Procuraduría General de la Nación.
Procuraduría General de la Nación imagen de referencia. Foto: Colprensa. / Sergio Acero
Barranquilla
El Tribunal Administrativo del Atlántico ordenó al municipio de Soledad, Atlántico, así como a la Empresa de Servicios Públicos - Interaseo y al Establecimiento de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, intervenir, clausurar y erradicar de manera definitiva los basureros, basurales, puntos críticos o botaderos ilegales a cielo abierto que existan en el territorio.
La decisión se dictó tras una petición elevada por la Procuraduría General de la Nación.
De acuerdo con el ente de control, después de una acción popular, se logró acreditar la afectación de los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, al equilibrio ecológico y al manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación y restauración.
Asimismo, se evidenció que los vertederos de basura ilegales afectaban la seguridad de la navegación aérea, y la integridad de pilotos, tripulación y pasajeros de las aeronaves.
Esto último, debido a la proliferación de aves de carroña en los alrededores del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz “que impiden que las operaciones aéreas se lleven a cabo con normalidad”.
Le podría interesar:
“Las entidades accionadas deberán cumplir con el cierre de los botaderos La Concepción, Cachimberos, Ómar Pérez, la Vuelta del Diablo, San Vicente 1 y 2, Frente Delta, Frente Delta 2 y 3, lote detrás de Granabastos, lote detrás del Club de Leones, y cualquier otro basural colindante con el área de influencia del aeropuerto, en los términos dispuestos en la ley y las normas ambientales”, señaló el Ministerio Público.
La Procuraduría también explicó que se ordenó la construcción de un sitio específico para la disposición final de los residuos y la formulación un plan de manejo ambiental.
“Los accionados deberán reestablecer a los soledeños los derechos e intereses relacionados con la preservación y restauración del medio ambiente, la seguridad y salubridad públicas, y el acceso a los servicios públicos invocados en la acción popular interpuesta por el Ministerio Público”, concluyeron.
