SIC investiga presunta colusión contra empresas que arreglan vías en Antioquia
Se indagará si las empresas Sococil y ICPB se coordinaron para restringir la libre competencia económica en al menos 29 procesos de contratación pública para el mantenimiento, rehabilitación, construcción y mejoramiento de vías en Antioquia, Caldas y Quindío.
Imagen de referencia de obra en la vía. Foto: Getty Images. / Suwichan Pralomram / EyeEm
La Superintendencia de Industria y Comercio abrió una investigación contra Sociedad Constructora de obras Civiles S.A.S (Sococil) e Ingeniería y Construcción Palacio Baena S.A.S- (ICPB), por su presunta coordinación para restringir la libre competencia económica en al menos 29 procesos de contratación pública, que se adelantaron entre 2017 y 2021, por las Gobernaciones de Antioquia, Caldas y Quindío y por algunas alcaldías pertenecientes a estos departamentos.
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Específicamente, estas empresas participaron en procesos que buscaban mejorar el estado de las vías y optimizar la movilidad de la población, y tenían un presupuesto asignado acumulado de más de 150 mil millones de pesos.
“El objetivo de la investigación es determinar si los agentes involucrados habrían incurrido en un posible acuerdo colusorio, cuyo propósito sería incrementar de manera ilegítima su probabilidad de resultar adjudicatarios, al haber presentado y coordinado las ofertas, en perjuicio de los demás proponentes, de libre competencia económica, y la vulneración a los principios fundamentales de la contratación pública, como la selección objetiva, la igualdad, la transparencia, entre otros”, señaló la SIC en un comunicado.
“Con estos procesos se pretendía impactar positivamente factores clave como la reducción de tiempos de viaje, costos de transporte y mantenimiento vehicular, mitigar riesgos de accidentalidad, así como fomentar el desarrollo socioeconómico de las regiones”, señaló la SIC en un comunicado.
Para la entidad si esta conducta se realizó habrá una afectación significativa para el país, no solo por limitar libre competencia, sino también por privar a las entidades contratantes de adquirir bienes y servicios en las mejores condiciones de calidad precio.
Estas conductas pueden resultar en sobrecostos, reducción de la calidad en las obras contratadas y, en última instancia, un impacto negativo en el bienestar social.