Por mentir y ocultar información, expulsarían de la JEP al general Mauricio Santoyo

Detrás del ultimátum de la JEP al general de la Policía Mauricio Santoyo hay mucho más de lo que se ha dicho.

El general Santoyo fue jefe de seguridad de Álvaro Uribe durante su presidencia. En 2012 Estados Unidos pidió su extradición acusándolo de participar en operaciones de narcotráfico con las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia AUC y la Oficina de Envigado.

Ante las graves acusaciones el general Santoyo hizo un arreglo para entregarse a la justicia de Estados Unidos y confesó ante la Corte del Distrito Este de Virginia que prestó apoyo material y recursos a las operaciones de los paramilitares definidos como una organización terrorista internacional por el gobierno de Estados Unidos.

Santoyo se declaró culpable de usar información confidencial para alertar a las AUC sobre operativos policiales en curso, también confesó que aceptó sobornos por 5 millones de dólares como pago por informaciones que permitieron a los paramilitares llevar a cabo sus actividades de narcotráfico y violación de derechos humanos. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la complicidad del general Santoyo les sirvió además a las AUC para evadir la acción de la justicia.

La constancia de la confesión está en la condena a Santoyo a 156 meses de cárcel y multa de 125.000 dólares por sus delitos. Esa sentencia de la justicia americana puede verse en la página de la W.

Santoyo estuvo preso algo más de seis años en Estados Unidos y después fue deportado a Colombia donde lo esperaban procesos por sus delitos. Hace unos años se acogió a la JEP esperando que lo soltaran pero no ha entregado ninguna información a cambio.

Lo que Santoyo ya admitió ante el sistema judicial de Estados Unidos lo quiere negar ahora ante la JEP.

En una declaración ante el tribunal de justicia transicional negó que hubiera tenido relación con las Autodefensas y dijo que por lo tanto no podía ofrecer información sobre la operación del grupo criminal.

El general Santoyo viene tomando el pelo con varios temas que en su momento justificaron su entrada a la JEP.

Uno de esos asuntos es la acusación por la desaparición forzada de los defensores de derechos humanos Claudia Patricia Monsalve y Ángel José Quintero Mesa, miembros de la Asociación de Familiares de Desaparecidos (Asfades).

De acuerdo con la Fiscalía, el general Mauricio Santoyo antes de su extradición a Estados Unidos aceptó que había interceptado líneas telefónicas para que los paramilitares ejecutaran sus operaciones.

Ahora no quiere hablar de eso, ni de nada. Las audiencias de Santoyo se han vuelto una gran pérdida de tiempo y esfuerzo judicial sin resultados.

Por esa razón esta semana le dieron un plazo de cinco días para que entregue un aporte escrito y detallado que establezca cuales fueron los agentes del Estado que se asociaron con paramilitares para desaparecer a esos dos defensores de derechos humanos.

La desaparición de Claudia Monsalve y Ángel Quintero fue declarada delito de lesa humanidad.

El plazo también marca el inicio de la revisión de la estadía del general Santoyo en la JEP.

Si el jefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe no empieza a cumplir con la entrega de la verdad será excluido de la JEP en enero, como consecuencia posiblemente sea enviado a una cárcel común y pierda el beneficio de detención en una unidad policial donde le siguen diciendo “mi general” y tratando como un huésped.