Corte advierte déficit en atención de salud mental a personas privadas de la libertad
El alto tribunal ordenó al Gobierno Nacional crear una política pública para garantizar atención integral en salud mental y proteger sus derechos fundamentales.
Imagen de referencia de presos políticos. I Foto: Getty Images. / Rafa Jodar
En una decisión histórica, la Corte Constitucional declaró la existencia de un déficit estructural en la protección de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad psicosocial que se encuentran privadas de la libertad.
El tribunal advirtió que las condiciones actuales vulneran derechos como el acceso a una atención en salud mental digna, efectiva e integral, además de exponer a esta población a tratos que afectan su dignidad y bienestar.
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En su fallo, la Corte ordenó al Gobierno Nacional diseñar e implementar una política pública que priorice la atención en salud mental para estas personas, con un enfoque diferencial e inclusivo. Además, instó a que esta política esté articulada con las entidades del sistema penitenciario y carcelario, garantizando que no haya obstáculos para su implementación.
Según datos aportados en el proceso, muchas de estas personas enfrentan barreras estructurales que impiden el acceso a tratamientos adecuados, lo que ha perpetuado situaciones de discriminación y abandono dentro del sistema de justicia penal.
Con este fallo, la Corte busca corregir un problema de larga data en el sistema penitenciario y carcelario colombiano, y garantizar el respeto a los derechos humanos de una de las poblaciones más vulnerables.
Órdenes:
• Diseñar e implementar una política pública para atender a esta población.
• Garantizar el acceso efectivo a servicios de salud mental.
• Capacitar al personal penitenciario sobre cómo abordar casos de discapacidad psicosocial.
El plazo establecido por la Corte para cumplir con estas órdenes será determinado en las próximas semanas, con un llamado a priorizar la asignación de recursos para su cumplimiento.
Este fallo se suma a otros pronunciamientos recientes de la Corte Constitucional que buscan cerrar brechas en la protección de derechos fundamentales en contextos de especial vulnerabilidad.
