Procuradora Margarita Cabello se va sin explicar porqué pagó el doble por oficinas
En Barranquilla, su tierra natal, pagó 20.000 millones por un predio avaluado en 10.000.
Procuradora Margarita Cabello se va sin explicar porqué pagó el doble por oficinas
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Margarita Cabello | Foto: Procuraduría
Hoy es el último día de sesiones del Congreso y es posible que ni siquiera sesionen porque cuando suena el primer villancico es casi imposible volver a lograr un quorum.
Entre las muchas tareas que se quedaron aplazadas, hay un debate a la procuradora general Margarita Cabello Blanco sobre la compra de un predio que hizo por un poco más del doble de lo que costaba.
El inmueble, tan espléndidamente pagado, está en Barranquilla, la tierra natal de la jefa del Ministerio Público.
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La citante del debate es la senadora Esmeralda Hernández, quien ha documentado juiciosamente el caso desde que se conoció gracias a una información de Noticias Uno.
Empiezo por contarles algo que pasa siempre por estas épocas del año. Cuando el país se concentra en las fiestas de navidad y año nuevo, alguien hace negocios aprovechando que la atención está en otra parte.
El 20 de diciembre del año pasado, 2023, se firmó una promesa de compraventa entre la Procuraduría General de la Nación y el señor Ludwing Landazábal Molina, en su calidad de representante legal de la sociedad Inversiones Landazábal Daguer y Compañía Sociedad en Comandita.
El señor Landazábal se comprometía venderle a la Procuraduría, la oficina 701 del Edificio Centro Ejecutivo de Barranquilla por un poco más de 20.306 millones de pesos.
Lo extraño es que la Procuraduría había hecho un convenio con la Universidad Nacional para que hiciera el avalúo del predio antes de comprarlo y el peritaje arrojó que el valor comercial de la oficina era de 10.043 millones de pesos.
Les pido que lo oigan bien: El avalúo comercial decía que la oficina en Barranquilla costaba 10.000 millones y la Procuraduría pagó más de 20.000. Un sobrecosto del 102 por ciento.
Pero ahí no paran las irregularidades.
La promesa de compraventa establece que la Procuraduría pagará el 50 por ciento del valor de la oficina a la firma del documento. Es decir más de 10.000 millones de pesos, el verdadero valor comercial por anticipado.
Por su parte el vendedor Ludwing Landazábal se compromete a que: “El inmueble esté libre de hipotecas, servidumbres, censos, usufructos, embargos, comunidades o sucesiones ilíquidas, demandas, juicios, arrendamientos constituidos por escritura pública, ocupantes a cualquier título, y en general de toda limitación o gravamen que pueda afectarlo y que impidan el pleno goce y propiedad del Inmueble”.
Pero era mentira.
Cuando firmaron la promesa de compraventa, la oficina estaba hipotecada y pesaban sobre ella tres embargos del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla.
La hipoteca y los embargos solo terminaron de levantarse el primero de marzo de 2024, es decir dos meses y medio después de la firma de la promesa de compraventa que registraba una falsedad.
Además, el vendedor Ludwing Landazábal había sido mencionado como partícipe en el escándalo de la Dirección Nacional de Estupefacientes por el cual fue condenado a 18 años de cárcel el fiscal antimafia Camilo Bula.
La vinculación de Landazábal era por otra oficina en el mismo edificio en donde le compró la Procuraduría.
El señor Landazábal salió del problema por prescripción de la acción penal, como terminan tantos casos en Colombia. Es decir porque se vencieron los términos antes de que lo condenaran. Bastante le ayudó a eso, la decisión de otro fiscal cuestionado que le cambió la tipificación del delito.
El caso fue público y sonado. Una jurista de la talla de la procuradora Margarita Cabello debería conocerlo. Sin embargo, la Procuraduría, a su cargo, decidió hacer negocios con el señor Landazábal al doble del avalúo y sin revisar la libertad del inmueble, comprometiendo de esa manera el patrimonio público.
La senadora Esmeralda Hernández pasó por los micrófonos de La W y aseguró, para El Reporte Coronell, que siempre que le fijaban fecha para el debate de control político en contra de la procuradora, le salían con que habían otros debate con fechas límites. “Siempre hubo una excusa de la mesa directiva para no agendar el debate”.
Además, reveló que este debate fue solicitado desde principios de año pero hace dos semanas le cancelaron el sexto debate que había sido programado.
“El presidente Efraín Cepeda nunca tuvo la intención de agendar el debate”, añadió, afirmando que algunos funcionarios del Ministerio del Interior se le acercaron pidiendo que aplazara este debate de control.
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En marzo, cuando el Congreso vuelva de sus larguísimas vacaciones de tres meses, el procurador será Gregorio Eljach y como se decía, cuando había toros, a Margarita Cabello la habrán entrado viva al corral.