La procuradora general de la Nación, Margarita Cabello Blanco, lanzó una alerta sobre la gestión presupuestal de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), al señalar que, de 1,26 billones de pesos disponibles para la compra de predios, solo se ha ejecutado el 33 %, mientras que 645.000 millones de pesos fueron trasladados al Fondo Colombia en Paz sin ser utilizados.

La advertencia fue hecha durante una sesión técnica de evaluación convocada por la Corte Constitucional para verificar el cumplimiento de la sentencia SU-288 de 2022, que ordena acciones concretas en la implementación de la política de tierras.

La Procuradora destacó que, aunque la reciente creación de la jurisdicción agraria representa un avance significativo en la reforma rural integral, es fundamental asignar a los jueces agrarios competencias claras y específicas, con reglas y principios diferenciales que sustenten la existencia de esta nueva jurisdicción.

En su intervención, Cabello también advirtió sobre el atraso en la implementación del catastro multipropósito, una herramienta clave para la planificación territorial. Según precisó, solo se ha actualizado el 12,4 % del área priorizada en el Plan Nacional de Desarrollo, lejos del 70 % proyectado para todo el territorio nacional. De los 598 municipios incluidos en las metas, solo 141cuentan con catastro actualizado, un avance que la Procuradora calificó como insuficiente.

Cabello cuestionó las cifras presentadas por el Fondo de Tierras, que reporta 2’366.550 hectáreas disponibles.

Sin embargo, precisó que esta cifra incluye predios sin caracterización adecuada, falta claridad en la identificación de las fuentes y no hay delimitación precisa entre terrenos destinados a adjudicación y a formalización. “Bajo un criterio estricto, los predios libres de ocupación representarían apenas un avance del 0,001 %”, afirmó Cabello.

Problemas en el sistema de registro

En cuanto al sistema de registro, señaló que, de los casi seis millones de registros existentes en la plataforma antigua, solo el 21 % han sido migrados a los nuevos sistemas, lo que retrasa los procesos de clarificación y formalización de la propiedad rural.