Líder de la oposición surcoreana dice que cooperará para estabilizar el panorama político
En una rueda de prensa celebrada hoy en Seúl, Lee Jae-myung aseguró que su partido no buscará presentar una moción de destitución contra el primer ministro, Han Duck-soo, que ha asumido de manera interina los poderes del presidente Yoon Suk-yeol, tras su cese parlamentario.
Lee Jae-myung, líder de la principal formación opositora en Corea del Sur, el Partido Democrático (PD), tendió este domingo la mano al Gobierno para estabilizar la situación política en el país, un día después de que el parlamento destituyera al presidente, Yoon Suk-yeol
En una rueda de prensa celebrada hoy en Seúl, Lee aseguró que su partido no buscará presentar una moción de destitución contra el primer ministro, Han Duck-soo, que ha asumido de manera interina los poderes del presidente Yoon Suk-yeol, tras su cese parlamentario.
“Demasiados procesos de destitución podrían generar confusión en torno a los asuntos de Estado. Por ahora, hemos decidido no emprender medidas de destitución (contra Han)”, indicó Lee.
Antes de lograr la inhabilitación de Yoon, el PD había asegurado que buscaría presentar mociones de destitución contra distintos miembros del Gobierno, incluido Han, de cara a ejercer presión sobre el defenestrado presidente y su formación, el conservador y gobernante Partido del Poder Popular (PPP).
Lee también propuso hoy la formación de un órgano consultivo entre el Parlamento, donde el PD ostenta mayoría, y el Ejecutivo de cara a facilitar la gobernabilidad.
“La normalización de la República de Corea es urgente. El Partido Democrático cooperará de manera activa con todos los partidos políticos para la estabilización de los asuntos de Estado y la recuperación de confianza en el panorama internacional”, afirmó el líder del PD.
Lee también instó al Tribunal Constitucional a actuar con “presteza” en relación a la destitución de Yoon de cara a “minimizar el caos nacional”.
Yoon queda ahora a expensas de lo que decida el Tribunal Constitucional, que tiene un máximo de seis meses para determinar si el presidente violó o no la Carta Magna cuando declaró sorpresivamente la ley marcial el pasado 3 de diciembre y si, por lo tanto, debe ratificarse su cese o debe ser restituido en el puesto.