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Colombia enfrenta una guerra fragmentada: ¿qué implicaciones de seguridad tiene esto?

La delegada de la Defensoría del Pueblo, Mariana Ardila, expuso el panorama de alertas por vulneraciones a derechos humanos por cuenta de la fragmentación de los conflictos internos en el país

Mariana Ardila, delegada de Justicia Transicional y Paz de la Defensoría del Pueblo, en Visión 2025

Mariana Ardila, delegada de Justicia Transicional y Paz de la Defensoría del Pueblo, en Visión 2025

La paz sigue siendo una de las más grandes apuestas del Gobierno Nacional, pero en ese camino se han presentado un variado número de desafíos que han complicado las conversaciones en ese proceso. Uno de estos es la fragmentación y proliferación de grupos armados ilegales.

Además de complicar los acercamientos, la fragmentación de los grupos ilegales genera un impacto humano muy grande, especialmente para las comunidades que quedan en medio de las guerras de bandas que buscan tomar el control sobre un territorio.

En Visión 2025: Tendencias Colombia, un evento organizado por WRadio, Caracol Radio y El País América, la delegada de la Defensoría del Pueblo, Mariana Ardila, señaló los principales riesgos y desafíos que enfrentará el país en la protección de los derechos humanos durante el próximo año, en medio de las conversaciones de Paz que sigue llevando a cabo el Gobierno nacional. .

¿Qué significa enfrentar una guerra fragmentada en Colombia?

Durante el panel ‘La paz en la encrucijada: ¿Cómo se puede negociar con la atomización de los grupos ilegales?’, Ardila expuso el complejo panorama que enfrenta Colombia en temas de derechos humanos por la fragmentación de la guerra.

Este es un fenómeno que implica un aumento de la violencia en los territorios, una disgregación de grupos armados que genera, a su vez, una multiplicación de los actores que buscan ejercer control sobre la población y sobre ciertos negocios.

En este contexto, la delgada de la Defensoría explica que la entidad ha estado trabajando en el monitoreo de la situación de los derechos humanos en medio de esta fragmentación de la guerra en Colombia. Sobre eso, destacó que, de acuerdo con cifras del Comité Internacional de la Cruz Roja, en Colombia hay 8 conflictos armados internos.

“Pasamos de tener 3 grupos armados principales (el ELN, las disidencias de las FARC-EP y el ejército Gaitanista) a tener más de 7 grupos armados organizados que imponen normas sociales, económicas y tratando de suplantar las funciones del Estado y ejerciendo nuevas formas de violencia”, explicó Ardila.

Las consecuencias de la fragmentación de la guerra

De acuerdo con Ardila, la Defensoría ha detectado que la proliferación de grupos armados en la historia del país lleva a la comunidad una serie de impactos negativos y violentos a los que el Gobierno Nacional debe atender con prioridad. Según la delegada, algunos de estos son:

  1. Intensificación de los enfrentamientos entre grupos armados por el control territorial con el Estado y entre otros grupos armados ilegales. “Esto intensifica los impactos en materia de derechos humanos de confinamiento, desplazamiento, restricciones a la movilidad y acceso a medio de subsistencia de las comunidades”, explicó Ardila.
  2. Dificultades para el acceso humanitario: la delegada destaca que el Estado debe trabajar para que las entidades del Gobierno que atienden difíciles situaciones de vulnerabilidad, como los desplazamientos, puedan entrar a los territorios y prestar la ayuda necesaria.
  3. Intensificación de la coacción de los liderazgos sociales: de acuerdo con Ardila, es clave proteger a los liderazgos sociales que suelen ser estigmatizados entre los grupos armados que se encuentran en guerra por un territorio.
  4. El reclutamiento: la delegada finalmente destaca que la Defensoría tiene una enorme preocupación por el aumento de casos de reclutamiento que en la proliferación de grupos armados suele dispararse.

Por todo lo anterior, la delegada destacó que la gran recomendación de la Defensoría del Pueblo es que el Gobierno les apueste a las salidas negociadas con los grupos armados, pues de esta manera se pueden reducir las transgresiones de derechos humanos a las comunidades de los territorios más afectados por estos conflictos.

“Mientras se sigue en el esfuerzo de conseguir una paz negociada, es importante que el Estado anticipe y responda adecuadamente a esas consecuencias humanitarias desde el punto de visa presupuestal, desde medidas de seguridad y protección”, señaló Ardila.

Para revivir las conversaciones del Foro Visión 2025, puede seguir la transmisión de las conversaciones a continuación.

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