Reficar: La decisión de un tribunal administrativo que sacude un caso histórico
Un exdirectivo de la refinería sancionado por la Contraloría recibió un respiro de parte de la autoridad judicial, que abre una discusión sobre las determinaciones frente al caso de corrupción.
Bogotá, 22 de agosto de 2019. En el complejo judicial de paloquemao se llevó acabó la aclaración del escrito de acusación del caso Reficar. (Colprensa - Camila Díaz)
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca decidió anular el fallo de responsabilidad fiscal que la Contraloría General de la República le había impuesto a Hernando José Gómez, exmiembro de la junta directiva de Reficar, quien había sido acusado de un detrimento patrimonial de 2,9 billones de pesos.
La decisión se basa en que no se demostró con claridad la responsabilidad directa de Gómez en las supuestas pérdidas relacionadas con la modernización de la refinería de Cartagena.
En abril de 2021, la Contraloría anunció con gran énfasis una de las decisiones más emblemáticas en la lucha contra el mal manejo de dinero público en Colombia. La investigación señalaba un supuesto detrimento patrimonial de $2,9 billones en el proyecto de ampliación de la Refinería de Cartagena (Reficar), considerado uno de los desfalcos más grandes de la historia del país.
El fallo le apuntaba a dos expresidentes de la compañía, tres exvicepresidentes, siete miembros de la junta directiva y cuatro contratistas. Sin embargo, tres años después, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dio un vuelco inesperado al caso, tumbando buena parte de estas acusaciones.
¿Un nuevo escenario?
El reciente fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de casi cuatrocientas páginas, pone en el centro de la atención a Hernando José Gómez Restrepo, exdirectivo Reficar, quien demandó la decisión de la Contraloría en 2022.
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Según su defensa, Gómez Restrepo no incurrió en irregularidades ni ilegalidades durante el proceso de ampliación de Reficar, un proyecto que pasó de un presupuesto inicial de US$3.777 millones a un costo final de US$8.016 millones.
La determinación del Tribunal concluyó que, lejos de actuar de manera indebida, Gómez y otros miembros de la junta actuaron conforme a la ley para garantizar la continuidad de la obra.
Uno de los puntos clave del fallo fue la ausencia de pruebas sólidas por parte de la Contraloría que demostraran un daño patrimonial. Según el Tribunal, la Contraloría usó fórmulas matemáticas incorrectas para calcular los supuestos sobrecostos y no logró vincular de manera precisa las decisiones de Gómez Restrepo con el detrimento patrimonial.
Además, se destacó que las decisiones tomadas por la junta directiva, como los aumentos en el presupuesto (Capex), estaban basadas en necesidades técnicas que buscaban evitar que la megaobra quedara paralizada.
Argumentos del Tribunal: decisiones técnicas y sin dolo
El fallo del Tribunal detalla que los incrementos presupuestales obedecieron a razones técnicas y fueron indispensables para preservar la inversión realizada.
Asimismo, destaca que, de no haberse autorizado las adiciones, el proyecto podría haberse detenido o, incluso, quedado inconcluso. Esto habría tenido un impacto negativo significativo para el país.
En palabras del Tribunal: “Reficar es actualmente una de las empresas con mayor valor en nuestro país”, lo que valida la importancia de las decisiones tomadas en su momento.
El Tribunal también enfatizó en que no se encontró dolo ni culpa grave en las actuaciones de Gómez Restrepo. La sentencia señala que la Contraloría desatinó al no detallar cuál fue el daño patrimonial específico que generó las acciones del demandante y, además, utilizó pruebas incorrectas para fundamentar su caso.
Una puerta abierta para nuevas demandas
Aunque la decisión judicial beneficia únicamente a Gómez Restrepo, sienta un precedente significativo para otros directivos y ejecutivos involucrados en el caso.
Entre ellos, expresidentes como Reyes Reinoso Yanes y Orlando Cabrales Martínez, y exvicepresidentes como Magda Manosalva y Andrés Riera Burelli, quienes podrían recurrir a argumentos similares para desligarse de cualquier responsabilidad.
La decisión también deja en una posición incómoda a la Contraloría General. El desenlace del caso pone en tela de juicio la credibilidad de una investigación que desde 2016 ha sido destacada por diferentes administraciones como un ejemplo de su gestión en la lucha contra la corrupción.
Si el Consejo de Estado confirma la postura del Tribunal, se abriría una cascada de demandas por parte de los exdirectivos, quienes podrían exigir reparaciones por daños a su nombre y reputación.
El caso Reficar, que alguna vez fue presentado como uno de los mayores escándalos de corrupción en Colombia, parece estar tomando un rumbo completamente diferente. La decisión del Tribunal no solo exonera a Gómez Restrepo, sino que también pone en entredicho la narrativa de un desfalco masivo.
Mientras se espera el pronunciamiento definitivo del Consejo de Estado, queda claro que la sentencia marca un punto de inflexión en la historia del entramado, cuestionando los procedimientos y fundamentos de la Contraloría en su investigación.
