PGN pide a JEP no revelar identidades de mujeres víctimas de abuso sexual por exFarc

La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Jurisdicción Especial para La Paz (JEP) adoptar medidas de reserva para proteger la identidad de las víctimas de violencia sexual en el marco del macrocaso 11, el cual investiga crímenes relacionados con violencia de género cometidos durante el conflicto armado por integrantes de las extintas Farc.

Durante su rendición de cuentas, la procuradora general, Margarita Cabello, expresó su preocupación por las disposiciones de la JEP que ordenan compartir la identidad de las víctimas con los comparecientes llamados a rendir versión, incluidos exintegrantes de las Farc y sus abogados.

Según Cabello, estas medidas podrían exponer a las víctimas a situaciones de revictimización y poner en riesgo su seguridad.

“La protección de las víctimas debe ser el eje central de los procesos de justicia transicional. Revelar la identidad de quienes han sufrido violencia sexual no solo las expone, sino que podría disuadir a otras víctimas de participar en la búsqueda de verdad y justicia”, afirmó Cabello durante su intervención.

Además, la Procuraduría cuestionó que las pautas actuales de la JEP limiten la participación directa de las víctimas en las versiones voluntarias. Según explicó, se exige que estas intervengan únicamente a través de apoderados y mediante solicitudes escritas, lo que, a juicio del Ministerio Público, restringe su derecho a ser protagonistas en el proceso y vulnera la centralidad de su participación en el mismo.

En otro llamado, la Procuraduría instó a la JEP a extender la estrategia de acreditación, divulgación y pedagogía más allá del plazo del 31 de diciembre de 2024, establecido por la jurisdicción. Según el organismo, este plazo no es suficiente para garantizar la inclusión efectiva de las víctimas en todas las regiones del país, especialmente en aquellas afectadas por el conflicto y donde la violencia sexual ha sido históricamente invisibilizada.

“La participación de las víctimas no puede estar limitada por plazos administrativos. Es fundamental que todas las mujeres afectadas por estos crímenes tengan la oportunidad de ser escuchadas y que el Estado cumpla con su deber de garantizar justicia”, concluyó Cabello.

El macrocaso 11 es uno de los procesos más sensibles de la JEP, al abordar crímenes de violencia sexual cometidos durante el conflicto armado.

Procuradora cuestionó legalidad de designación de exjefes paramilitares como gestores de paz

La Procuraduría también anunció que realizará un seguimiento detallado a las cuatro demandas de nulidad que cursan ante el Consejo de Estado contra la resolución y mantendrá su intervención en favor de los derechos de las víctimas.

Cabello hizo un llamado al Gobierno Nacional para que evalúe de manera urgente la legalidad y pertinencia de estas designaciones, asegurando que cualquier medida en pro de la paz debe respetar los principios de justicia transicional y la normativa vigente.