Gobernador alerta a Corte Constitucional sobre millonarios pagos que asfixian a La Guajira
En un video exclusivo al que W Radio tuvo acceso, se detalló, en medio de una audiencia de seguimiento de la sentencia T-302 de 2017, que los pagos pendientes ascienden a 90.000 millones de pesos.
Jairo Aguilar Deluque y dinero. Foto: Gobernación de La Guajira / Getty Images
La Guajira atraviesa una grave crisis marcada por años de denuncias de irregularidades en el manejo de los recursos públicos. Un ejemplo emblemático es el préstamo de 90 millones de dólares gestionado durante la administración del exgobernador José Luis González Crespo, otorgado por el Banco Mundial con el fin de mitigar la crisis hídrica en el departamento. Sin embargo, los recursos no lograron su objetivo y se perdieron sin dejar resultados tangibles.
En una audiencia convocada por la Corte Constitucional para evaluar los avances de la sentencia T-302, el actual gobernador de La Guajira reveló la gravedad de la situación financiera del departamento.
En un video exclusivo al que W Radio tuvo acceso, el mandatario detalló de manera desesperada que los pagos pendientes al Estado ascienden a 90.000 millones de pesos. De esta cifra, se destaca una orden de pago inmediata por 25.000 millones de pesos, monto que corresponde a los sobrecostos derivados de la operación de los carrotanques.
Este dinero, que debería provenir de las regalías del departamento, se ha visto afectado por la caída de los ingresos del Cerrejón. Y Si no se cumplen con los pagos, La Guajira podría ser sometida a la Ley 550 de reestructuración económica, conocida como “ley de quiebras”. Se le escucha decir al gobernador Aguilar: “Este año debo cerrar con un pago de 45.000 millones, es imposible hacerlo no hay forma”.
La crisis hídrica, utilizada como bandera política por diferentes administraciones, ha estado en manos de varios gobernadores y funcionarios cuyos mandatos han sido cuestionados por irregularidades. Todos aparecen junto con la actual directora del ICBF, Astrid Cáceres, en La Guajira en la siguiente imagen:
Entre los más destacados se encuentra Weildler Guerra Curvelo, quien ejerció como gobernador encargado y cuya gestión fue empañada por un contrato de 20.000 millones de pesos con Funtics, la misma firma vinculada al escándalo del consorcio Centros Poblados.
También figura César Arismendi, quien ha sido secretario de Hacienda de varios gobernadores de La Guajira y actualmente ejerce como veedor de la sentencia T-302, mientras su hijo forma parte de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de la senadora guajira Marta Peralta.
Por su parte, Arsecio Romero, exdirector de Corpoguajira, encargado de la gestión de fuentes hídricas, fue sancionado por la Procuraduría.
De hecho, la gestión del exgobernador José Luis González Crespo, condenado por corrupción, dejó un problema estructural que ha sido arrastrado por varias administraciones y que a la fecha comenzaron a recurrir al apoyo de entidades como el ICBF y el Mecanismo Especial de Seguimiento para intentar dar solución a la crisis.
UNGRD
Los recientes escándalos, que incluyen irregularidades en el Hospital de Maicao, el ICBF y la UNGRD, han agravado aún más la situación.
Mientras tanto, la gobernación pide respaldo de la Corte para resolver la crisis financiera y evitar que el departamento no cumpla con la sentencia, que hasta el día de hoy presenta serios avances por cuenta de la alianza público-privada entre la gobernación de la guajira y los privados AVAL, PROMIGAS Y ECOPETROL, así como el plan mundial de alimentos que ejecuta el PAE.
