Avanzó Jurisdicción Agraria en el Congreso: estos fueron los cambios tras su primer debate
El proyecto ahora pasará a las plenarias de la Cámara y el Senado. Y se prevé que el Gobierno busque sacarlo en ambos debates antes del próximo 20 de diciembre.
Avanzó Jurisdicción Agraria en el Congreso. Foto: Suministrada.
Luego de varias jornadas de discusión y votación, las Comisiones Primeras de la Cámara y el Senado aprobaron en primer debate el proyecto de ley que otorga competencia a la Jurisdicción Agraria y Rural, impulsada por el Gobierno nacional.
Este proyecto hace parte de un paquete de tres leyes que buscan dejar lista esa jurisdicción para resolver conflictos sobre la tenencia, uso y propiedad de la tierra, así como las relaciones de producción agraria.
El proyecto define las competencias de los jueces agrarios y entre los cambios más importante y que causaban temor por la “expropiación exprés”, se eliminó el carácter de utilidad pública e interés social de la tierra, así como el concepto de concentración improductiva u ociosa de la propiedad.
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Así mismo, se hizo la clarificación de bienes baldíos. Y si hay oposición, el proceso mantiene la fase judicial establecida en el Decreto Ley 902 de 2017; si no hay oposición, será resuelto por la Agencia Nacional de Tierras, que también se encargará del proceso de recuperación de baldíos urbanos tras la clarificación previa.
De otro lado, se eliminó la potestad del juez de subsanar oficiosamente la demanda; esto solo podrá hacerse para obtener el certificado de tradición de un inmueble y el certificado de existencia y representación legal de personas jurídicas.
La senadora Paloma Valencia, quien participó activamente en la discusión, destacó esos cambios. Por su parte, la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, subrayó que esta ley materializa la justicia agraria.
El proyecto ahora pasará a las plenarias de la Cámara y el Senado. Y se prevé que el Gobierno busque sacarlo en ambos debates antes del próximo 20 de diciembre, durante las sesiones extraordinarias, para que entre en vigencia en el primer semestre de 2025.
