Millonarios contratos en MinInterior y no se reporta ejecución para crisis en La Guajira
¿Dónde están los recursos destinados al cumplimiento de la sentencia que declaró el ECI en La Guajira? La W conoció que a través de un presunto entramado de corrupción, figuras vinculadas al MESEPP y de la Presidencia parecen estar saboteando el cumplimiento de la Sentencia T-302 de la Corte Constitucional.
En su más reciente informe sobre el estado de cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017, la Corte Constitucional reiteró su preocupación por la crisis humanitaria en La Guajira, que ha afectado niños por hambre, sed y enfermedades. La sentencia, sigue enfrentando serios desafíos en su implementación. En particular, persisten las irregularidades en la figura de las autoridades tradicionales Wayúu en municipios como Uribia, Maicao, Manaure y Riohacha.
La W conoció que el Mecanismo Especial de Seguimiento (MESEPP), adscrito al Ministerio del Interior, encargado de monitorear la implementación de la sentencia, estaría manipulando la figura de las autoridades tradicionales indígenas y ha sido debilitado por un carrusel de contratos de prestación de servicios (OPS) y la influencia de figuras cuestionadas, lo que ha generado reparos por parte de la Corte Constitucional.
De hecho, tampoco estaría cumpliendo con sus objetivos, a través de las entidades encargadas. Este fenómeno, atribuido a la intervención de Eissa Esther Rodríguez, ha sido cuestionado por la Corte.
La W contactó con la funcionaria pero dijo que no hablaría
La W conoció contratos de hasta $100 millones, que reciben contratistas de la consejería para las regiones para darle “cumplimiento” a la sentencia T- 302. Pero hasta la fecha, la Corte no ha recibido el reporte de cumplimiento de los funcionarios a los 84 autos de seguimiento que tiene actualmente la sentencia. Recordemos que esta consejería cuenta con el pasado cuestionado bajo la dirección de Sandra Ortiz.
Y, además, contratos para articular asambleas en las comunidades para elegir autoridades tradicionales como voceros del MESEPP que sumarían $5.00 millones.
Contratos
Contratos
Ahora, mientras la Consejería le respondió a La W un derecho de petición en el que dice que el reporte de su cumplimiento lo tiene la Corte, el alto tribunal dice que no les ha llegado ningún informe de cumplimiento: “dichos detalles no han sido informados a la sala especial de seguimiento”.
¿Qué respondió la Consejería para las Regiones?
La respuesta de la Corte Constitucional
Este mecanismo tiene participantes que aparecen en fotografías en La Guajira con personajes como:
- Olmedo López y Sneyder Pinilla, implicados en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
- María Alejandra Mejía Sierra, señalada de haber solicitado los carrotanques.
Se trata de Álvaro Cotes García, primo del alcalde de Uribia, Jaime Buitrago, pues Cotes García fue nombrado como autoridad tradicional del corregimiento de Cardón, a pesar de no cumplir los requisitos culturales fundamentales como el dominio del wayuunaiki o el reconocimiento como aulaula (anciano sabio) dentro de su comunidad. Este nombramiento irregular fue avalado por el MESEPP.
El rol de Eissa Rodríguez y German Carlosama en el MESEP
Uno de los casos más relevantes es el de Eissa Rodríguez, exsecretaria de Asuntos Indígenas de La Guajira, quien actualmente ejerce como enlace del MESSEP, es decir, entre el Ministerio del Interior y el pueblo Wayúu.
Según su contrato, Rodríguez ha recibido pagos por coordinar eventos relacionados con la elección de autoridades tradicionales Wayúu, unos ingresos que se consideran desproporcionados en comparación con el contexto fiscal de la sentencia T-302 de la Corte.
Aquí aparece otro actor, se trata de German Carlosama, exdirector de Etnias y cuota política del partido AICO, quien fue designado por el entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, para liderar el proceso del MESEPP.
German Carlosama es conocido como ‘Olmedito’, en alusión al poder concentrado que ejercía Olmedo López cuando dirigía la UNGRD. Según fuentes cercanas, Carlosama replicó este esquema, delegando amplias responsabilidades a Eissa Rodríguez, quien se ha consolidado como una figura de “suprapoder” dentro del MESEPP.
Bajo la dirección de German Carlosama, Rodríguez fue reclutada desde su cargo municipal en Uribia para ocupar un puesto de mayor influencia a nivel nacional, lo que ha sido interpretado como parte de un uso político del MESSEP. Actualmente, su esposo, José Manuel Curvelo, ocupa el cargo de jefe de contratación en Uribia, mientras Rodríguez lidera procesos estratégicos dentro del mecanismo.
Conflictos de interés y manejo de recursos
José Manuel Curvelo, esposo de Rodríguez y actual jefe de contrataciones en Uribia, también ha sido vinculado a irregularidades. Se ha denunciado que los contratos financiados por la Secretaría de Asuntos Indígenas deben contar con la aprobación de las autoridades tradicionales Wayúu, cuya acreditación es gestionada por Rodríguez. Este esquema plantea un grave conflicto de intereses en el manejo de los recursos públicos.
Es decir, quienes manejan los recursos para la implementación de la sentencia, están presuntamente utilizando su potestad bajo un grave conflicto de intereses, manipulación, corrupción y un bajo nivel de cumplimiento para La Guajira.
Contexto
Eissa Rodríguez
Se ha señalado a Rodríguez por promover la candidatura presidencial de la senadora Wayúu, Marta Peralta, a través de su perfil de WhatsApp, lo que genera dudas sobre su imparcialidad en un rol que debería centrarse en la implementación de la sentencia.
Cotes García
Recordemos que en un video grabado durante las pasadas elecciones, Álvaro Cotes García fue captados repartiendo tanques de agua a comunidades vulnerables, una acción que, según el director actual de la UNGRD, Fernando Carrillo, se habría utilizado para favorecer la elección del actual alcalde de Uribia, Jaime Buitrago García.
En la foto a continuación, quien se ve en el lado izquierdo, detrás de Olmedo López, es Álvaro Cotes García:
Foto: Suministrada
