Rusia ha sometido a 314 niños ucranianos a adopción forzada, según investigación de Yale

Rusia ha sometido al menos a 314 niños de Ucrania a un programa de adopción o acogida forzada desde que comenzó la guerra con el país en febrero de 2022 para su “rusificación”, según una investigación publicada este martes 3 de diciembre por la Universidad de Yale (Estados Unidos).

La investigación, del Humanitarian Research Lab de la Escuela de Salud Pública de Yale, supone “el análisis de alta confianza más amplio y detallado hasta la fecha sobre el emplazamiento de niños de Ucrania con ciudadanos de Rusia o alistados en las bases de datos (de adopciones) de Rusia”.

La institución ha identificado a 166 niños ya emplazados con ciudadanos rusos y 148 alistados en bases de datos que están operadas, afiliadas o dirigidas directamente por el Gobierno ruso o que se coordinan con este como parte de una operación “sistemática, intencional y extendida”.

Esa operación, documentada en un informe de 86 páginas que aborda la custodia de los niños ucranianos por Rusia, su transporte de un país a otro y su naturalización, “fue iniciada por (el presidente ruso, Vladímir) Putin y sus subordinados con la intención de rusificar” a los pequeños, indica.

Los 314 niños ucranianos identificados en la investigación fueron tomados de las provincias de Donetsk y Luhansk -declaradas unilateralmente rusas- transportados a puntos temporales y distribuidos a 21 regiones del país; de ellos han sido naturalizados 67 y están emplazados 42.

También se concluye que Rusia está utilizando psicólogos para legitimizar este programa de adopciones como una “necesidad médica” y que los niños fueron sometidos a una “reeducación prorrusa” tras entrar en custodia rusa.

Los investigadores indican en el informe que las adopciones y acogidas forzadas que documentan pueden constituir crímenes de guerra y contra la humanidad, y que junto a otras pruebas pueden incluso reforzar los argumentos de que Rusia está cometiendo genocidio contra Ucrania.

La Corte Penal Internacional (CPI) dictó en marzo órdenes de arresto contra Putin y su comisionada para la protección de la infancia, María Lvova-Belova, por la deportación masiva de menores ucranianos desde las zonas ocupadas en Ucrania a territorio de Rusia, lo que supone un crimen de guerra.

Además de Putin y Lvova-Belova, el informe de Yale acusa a otros funcionarios rusos por su responsabilidad en el programa de adopciones forzadas: Anna Kuznetsova, vicepresidenta de la Duma o cámara de diputados rusa; Sergei Kravtsov, ministro de Educación; y los jefes de las administraciones prorrusas de Donetsk y Luhansk.