Las protestas en la Universidad Tecnológica de Chocó provocaron un incendio

Nubia Córdoba, la gobernadora de Chocó, denunció en sus redes sociales que personas que hasta ahora las autoridades no han identificado le prendieron fuego a las instalaciones de la Universidad Tecnológica del Chocó (UTCH) “en el marco de la situación de anormalidad que vive la universidad”.

La Universidad Tecnológica Diego Luis Córdoba, con sede en Quibdó, la capital de Chocó, lleva varios meses siendo objeto de manifestaciones por parte de un amplio porcentaje de sus más de catorce mil estudiantes. El panorama ha vivido varios picos en la tensión, como la captura de su exrector David Mosquera Valencia.

El aumento del descontento llevó a que este lunes, 2 de diciembre, por la noche un grupo de personas provocara un incendio en el bloque administrativo del alma máter. Ante el incidente, la gobernadora Córdoba informó que llevará a cabo un consejo de seguridad que, espera, contará con el Gobierno nacional.

“Convocaré un consejo de seguridad ampliado en el que es imprescindible la participación del Ministerio de Educación”, recalcó la mandataria en su cuenta de X mencionando al ministro Daniel Rojas. “Es urgente tomar decisiones que permitan cuanto antes la ruta del diálogo”, agregó.

La gobernadora recalcó que la UTCH “es la única esperanza de muchas familias en el Chocó”, un departamento en el que, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la tasa de acceso a la educación superior es inferior al 20%. “No puede perecer en una disputa”, remachó.

En su pronunciamiento, Córdoba manifestó su “total repudio” a lo que calificó como “actos de vandalismo”, puesto que “nos corresponde defender a nuestra universidad”, pero ratificó que, incluso “por encima de cualquier otro cronograma”, las autoridades deben “priorizar cuanto antes la concertación”.

La Universidad Tecnológica publicó un video en el que se observan las labores para extinguir el fuego. Haciendo un llamado al presidente Gustavo Petro y a la cartera de Educación, el centro educativo insistió en que “la educación y el diálogo son herramientas clave para abordar cualquier conflicto”.

“No podemos destruir lo poco que hoy tenemos”, expresó el rector Fabio Asprilla, quien ha ocupado el cargo desde la captura de David Mosquera. Mosquera fue arrestado el 17 de noviembre para responder por las presuntas irregularidades de un contrato suscrito en 2021 para las aulas de la universidad.

El monto del convenio excedía los $15,5 mil millones. Las aparentes anomalías, presuntamente enmarcadas en los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado y falsedad en documento público, llevaron al Ministerio de Educación a apartar del cargo a Mosquera por un año.

Mosquera intentó volver en agosto a la universidad con una tutela, pero una jueza de circuito de Quibdó declaró improcedente al recurso. Vanessa Sánchez Ruiz fue la rectora encargada, y en diálogo con La W afirmó que el déficit presupuestal de la UTCH “supera los $23 mil millones”.

En septiembre, David Mosquera volvió a su puesto gracias a una demanda de nulidad con la que un juez administrativo decretó una medida cautelar y ordenó “de manera inmediata” su reintegro. “El Ministerio de Educación Nacional debe retirar de manera urgente e inmediata todas las barreras”, dice el auto.

La decisión suspendió la resolución con la que el Ministerio había nombrado a Sánchez. Días después, el 13 de septiembre, la Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una investigación disciplinaria contra el hoy exrector y contra los exdirectivos Eduardo García Vega y Jhon Palacios Mosquera.

El Ministerio Público precisó que las irregularidades se habrían concentrado en un proyecto de inversión para mejorar el sector maderero. Los más de quince mil millones se habrían repartido en pagos ilícitos gracias a la falsificación de la firma de Jhon Palacios, exvicerrector administrativo y financiero de Mosquera.

Hasta el momento, el proceso disciplinario no ha pasado a la etapa de formulación de cargos. Lo cierto es que dos meses después de su reintegro, David Mosquera fue capturado —por “serios casos de corrupción”, apuntó MinEducación— en lo que se convirtió en su último día como representante legal de la UTCH.

“La modernización de las aulas de clase de la Universidad Tecnológica del chocó (UTCH), uno de los objetivos previstos en un contrato suscrito en junio de 2021, no se cumplió como estaba previsto”, narró la Fiscalía General de la Nación en un comunicado el 25 de noviembre, en medio de la judicialización de Mosquera.

Para entonces, las audiencias preliminares en contra de Mosquera apenas estaban avanzando. La Fiscalía solicitó una medida de aseguramiento en centro carcelario para él y otros tres investigados, pero hasta el momento del fuego en la UTCH no había anunciado si el juez de garantías del caso accedió.

Según el ente investigador, en junio de 2021 la administración de Mosquera celebró un contrato de $1,25 mil millones para fortalecer las herramientas tecnológicas en las aulas de la sede principal de la UTCH, todo “en medio de múltiples anomalías y omisiones a la ley de contratación”.

“Los elementos de prueba indican que no se aplicó el mecanismo adecuado de invitación pública y se desconocieron los principios de planeación objetiva, transparente, legal e imparcial. En ese sentido, el contrato habría sido direccionado” a dedo hacia la empresa de Francis Yoximar Palacios Sánchez.

Un día después de la captura de Mosquera, el Ministerio de Educación subrayó que las investigaciones judiciales “han destapado un profundo entramado de corrupción dentro de la UTCH, que no solo afectó las finanzas de la universidad, sino que también desencadenaron (sic) un paro en 2023, con graves protestas”.

Las protestas y los bloqueos, que se han extendido desde el año pasado, no se han detenido. El colectivo de estudiantes Mi Raza presentó en agosto un pliego de peticiones con el que busca “establecer un diálogo directo” entre el ministerio que actualmente dirige Daniel Rojas y los involucrados en el conflicto.

Entre las jornadas de manifestaciones y la ausencia de clases, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo han intentado sostener diálogos. El 23 de octubre la Defensoría alertó sobre amenazas de muerte recibidas por estudiantes y docentes “en un escenario de agitación de protestas”.

Iris Marín, la jefa de la Defensoría, calificó como “preocupante” que las disputas en la universidad hayan “escalado hasta el punto de llegar a las confrontaciones físicas”. “La vida e integridad de quienes están siendo objeto de amenazas deben ser protegidas por las autoridades competentes”, añadió.

Para el Ministerio de Educación, los bloqueos han sido organizados por “grupos ajenos a la universidad”. El 8 de agosto personas encapuchadas impidieron la entrada y salida del plantel, en uno de los casos de mayor hostilidad hasta el incendio. Luego de las llamas, la cartera exigió “una investigación inmediata”.

“Rechazamos rotundamente el incendio ocasionado en el bloque administrativo de la UTCH. Desde MinEducación reiteramos que la educación y los entornos educativos deben ser el camino hacia la paz”, enunció la entidad gubernamental, que reafirmó su compromiso con “el diálogo” y “la reconciliación”.