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Defensa de general Rincón alega existencia de tercera arma en el caso de Juan Felipe Rincón

Después de la audiencia contra Andrés Camilo Sotelo, acusado del asesinato de Juan Felipe Rincón Morales, la defensa del general William Rincón Zambrano pidió un fiscal especializado, señalando la posible existencia de una tercera persona y un arma no identificada en el crimen.

Imagen de referencia del CTI (Colprensa) y el momento del asesinato del joven Juan Felipe Rincón (Captura de pantalla)

Tras la audiencia de medida de aseguramiento contra Andrés Camilo Sotelo, principal acusado del asesinato de Juan Felipe Rincón Morales, la defensa del general William Rincón Zambrano radicó un documento que podría dar un giro significativo a la investigación. Según el abogado Juan Felipe Criollo, los elementos probatorios sugieren la participación de una tercera persona y la existencia de una tercera arma en la escena del crimen.

El documento señala que las vainillas encontradas en el lugar no corresponden exclusivamente a las armas incautadas. “De las seis vainillas recolectadas, una tiene una marca diferente que no coincide con el arma en posesión de las autoridades, lo que abre la posibilidad de una tercera arma que no ha sido identificada ni registrada en el proceso”, argumentó Criollo.

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La hipótesis se sustenta en el análisis del informe técnico de la inspección realizada el 24 de noviembre de 2024, así como en videos que muestran a un hombre no identificado portando un objeto que aparenta ser un arma de fuego. Este individuo, señalado preliminarmente como Sebastián Correal Ramos, habría estado presente en los hechos, pero no ha sido vinculado formalmente a la investigación.

Además, el documento incluye testimonios de dos menores, María José Sotelo y Sara Bolaños, quienes habrían sido usadas para atraer a Rincón Morales al lugar del asesinato.

Ante la complejidad del caso, la defensa solicitó que sea asignado a un Fiscal Especializado, advirtiendo que podrían configurarse delitos adicionales como secuestro simple, tortura y el uso de menores en actividades ilícitas.