Chile expulsó a 40 extranjeros, entre ellos colombianos, por “tráfico ilícito de drogas”
En lo que va de año, las deportaciones a extranjeros por delitos cometidos en Chile suman más de mil.
Black Wooden Gavel And Chilean Flag On White Background. Justice Concept. Justice Concept. / atakan
El Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) de Chile informó este viernes 29 de noviembre la expulsión de 40 extranjeros que cometieron delitos con destino a Bolivia, Colombia, Ecuador y República Dominicana, con lo que suman 1.016 las deportaciones durante 2024.
Las personas expulsadas cometieron delitos como “robo con intimidación, robo con violencia, porte ilegal de armas de fuego, tráfico ilícito de drogas, entre otros delitos graves que representan una amenaza para la seguridad y también por infracciones a normativa migratoria, como ingreso por pasos no habilitados”, detalló el Sermig.
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El director del servicio, Luis Eduardo Thayer, afirmó que a la fecha se alcanzó “la cifra más alta de los últimos seis años”, subrayando el trabajo coordinado con la Policía de Investigaciones (PDI) para concretar las expulsiones.
Por su parte, el prefecto inspector y jefe nacional de Migraciones y Policía Internacional de la PDI, Christian Sáez, aseguró que a través del Plan Nacional de Fiscalizaciones en la vía pública se ha logrado dar con infractores de la ley en el país.
“El objetivo de este Plan es detectar a personas extranjeras que se encuentran residiendo en Chile de forma irregular, cometiendo delitos, o ubicar a aquellas personas que tienen decretos o resoluciones de expulsión vigentes”, comentó.
Las expulsiones se dan en medio de una grave crisis de seguridad que afecta al país desde 2021 y que ha ido escalando en el último tiempo.
Desde que llegó al poder, en marzo de 2022, el presidente Gabriel Boric ha endurecido su discurso contra los extranjeros que cometen delitos en Chile y ha pedido la colaboración de los países de origen de la región para enfrentar este escenario.
Chile inició, en febrero de 2023, un despliegue militar durante 90 días en los puntos críticos de la frontera con Perú y Bolivia con miras a aumentar el control del ingreso irregular de personas migrantes en el norte del país.