Vehículos de UNP, financiados con impuestos, bloquearon la Séptima, en Bogotá, por 3 días
Bogotá enfrentó más de 50 horas de bloqueo en la carrera Séptima con calle 32, donde campesinos del Guaviare y vehículos de la UNP con personal armado mantienen paralizada la movilidad, afectando a miles de ciudadanos.
Bogotá
La movilidad en la carrera Séptima con calle 32 estuvo más de 3 días paralizada debido a un bloqueo que inició el lunes 25 de noviembre. En la protesta participaron campesinos provenientes del Guaviare, quienes exigieron mayor seguridad en su región tras constantes hostigamientos atribuidos a disidencias de las FARC. En el lugar también hicieron presencia 26 camionetas de la Unidad Nacional de Protección (UNP), algunas con personal armado, lo que dificultó la intervención de las autoridades para restablecer el tránsito en esta importante arteria vial de la ciudad.
Puede leer:
La presencia de vehículos y personal de la UNP generó inquietud, ya que se encontraban armados, lo que representó un riesgo para un eventual operativo de desalojo. Según fuentes oficiales, la Alcaldía de Bogotá solicitó desde la tarde del martes 26 de noviembre a la UNP retirar los vehículos.
El bloqueo no solo afectó la movilidad de los ciudadanos. De acuerdo con el secretario general de la Alcaldía de Bogotá, Miguel Silva Moyano, cerca de 27,000 usuarios del sistema de transporte público tuvieron que buscar rutas alternas, agravando el caos vehicular en el centro de la ciudad. A través de su cuenta de Twitter, Silva Moyano criticó el uso de recursos de la UNP en esta protesta, señalando que “vehículos pagados con los impuestos de los colombianos están siendo utilizados para bloquear y vulnerar el derecho a la movilidad”.
La administración distrital dispuso unidades policiales para atender la situación. Sin embargo, la presencia de armas en el lugar ha llevado a priorizar la seguridad de los involucrados y de la ciudadanía, posponiendo un operativo de recuperación de la vía. El riesgo de enfrentamientos ha mantenido a las autoridades en un estado de alerta, mientras los diálogos con los manifestantes y la UNP no avanzan.
Los campesinos involucrados exigieron mayor protección frente a la violencia que enfrentan en el Guaviare, argumentando que la falta de acción del Gobierno Nacional pone en riesgo sus vidas.