Colombia solicita anular decisión que favorece a Telefónica por USD 379,8 millones
La Agencia Jurídica del Estado alega extralimitación del tribunal del CIADI, omisión de defensas clave y violación de normas internacionales. También solicitó suspender su ejecución mientras se resuelve.
Colombia - Telefónica. Fotos: Suministradas.
La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) presentó ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) una solicitud de anulación y suspensión de ejecución del laudo emitido el pasado 12 de noviembre, que favoreció a la multinacional Telefónica S.A.
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Cabe recordar que el tribunal arbitral, constituido bajo el CIADI, había determinado que Colombia violó el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre Colombia y España al no garantizar un trato justo y equitativo a Telefónica, por lo que le ordenó al Estado colombiano pagar 379,8 millones de dólares más intereses, en relación con un pago realizado por la empresa al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) en 2017.
En su solicitud, la Agencia argumenta que el tribunal se extralimitó en sus facultades y cometió serias irregularidades procedimentales.
Según la Agencia, el tribunal ignoró principios fundamentales del derecho internacional, como la irretroactividad de la ley y el pacta sunt servanda (los pactos deben cumplirse), además de actuar como una corte de apelación sobre decisiones de la Corte Constitucional de Colombia.
La ANDJE también señaló que el laudo contiene omisiones graves, ya que no abordó múltiples defensas clave del Estado relacionadas con la ausencia de expectativas legítimas de Telefónica y la inexistencia de un daño causado por medidas soberanas de Colombia.
Asimismo, la Agencia cuestionó la orden del tribunal de pagar intereses que penalizan al país por una demora atribuible al propio tribunal en la emisión del laudo, que tomó más de tres años y medio tras el último escrito de las partes.
Junto con la anulación, Colombia solicitó la suspensión automática de la ejecución del laudo, medida que permanecerá vigente hasta que se constituya un comité ad hoc del CIADI encargado de decidir sobre la petición. Además, el Estado pidió al comité mantener dicha suspensión mientras se emite una decisión definitiva.
