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Congresistas piden retirar a funcionaria reintegrada en el MinInterior por no ser afro

Desde el Congreso pidieron al ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, retirar a la funcionaria Amelia Cotes de la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, pues no pertenece a la comunidad afrocolombiana, negra o raizal.

Amelia Cotes. Foto: X @AmeliaCotes

Un nombramiento en el Ministerio del Interior, realizado el pasado 29 de octubre, ha generado el rechazo de al menos 30 congresistas, quienes enviaron una carta al ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, solicitando su anulación.

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Se trata de la designación de Amelia Rocío Cotes Cortés como directora de la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, quien llegó a este cargo tras ser reintegrada por orden judicial, luego de denunciar acoso laboral.

Cotes, quien anteriormente ocupó el cargo de directora de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior, había denunciado que fue retirada de su puesto a pesar de encontrarse en periodo de lactancia, estar enferma, ser madre cabeza de familia y no haber recibido los pagos de ley ni sus prestaciones sociales.

Por esto, el Tribunal Superior de Bogotá, en un fallo de tutela de segunda instancia, ordenó al Ministerio del Interior reintegrarla a su cargo anterior o asignarle otro de mayor rango, en un plazo de 48 horas tras la notificación de la decisión.

Fue entonces designada en la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, lo que ha suscitado las quejas de los congresistas, quienes señalan que esta decisión desconoce la Ley 70 de 1993 y los convenios internacionales.

En su carta, los congresistas solicitan al ministro Cristo revocar la Resolución 2019 de 2024, argumentando que no garantiza el enfoque diferencial. Además, alertan sobre sus posibles consecuencias en la implementación de políticas públicas étnicas dirigidas a superar las desigualdades estructurales que enfrentan las comunidades afrocolombianas.

También señalaron que se ignora la representatividad étnica, ya que Cotes no pertenece a estas comunidades, lo que, según ellos, afecta la legitimidad del cargo y dificulta la interlocución entre estas poblaciones y el gobierno.