Autoridades de Risaralda se pronuncian frente a la ocupación de predios privados
Unas 40 personas ocuparon dos fincas: Los Ángeles, en la vereda La Isla, de Belén de Umbría; y San Francisco, en el sector de Cachipay, Balboa.
La administración departamental mostró su rechazo. A través de un comunicado oficial, la Gobernación de Risaralda calificó las acciones como un atentado contra la propiedad privada, por lo que se advirtió que este tipo de ocupaciones deben seguir un debido proceso y contar con una autorización del Gobierno Nacional o la Agencia Nacional de Tierras.
En las redes sociales circulan imágenes de las ocupaciones, donde se puede observar a personas, en su mayoría campesinas, asentadas en los terrenos de la finca San Francisco. De acuerdo con las autoridades, estas personas habrían tumbado árboles y desbrozado monte para levantar estructuras improvisadas, como barracas.
Juan Diego Patiño - Gobernador Risaralda
La Gobernación de Risaralda señaló que este tipo de acciones no solo afectan el orden social, sino que también son susceptibles de ser utilizadas como parte de una estrategia de estafa, donde personas inescrupulosas engañan a los ocupantes haciéndose pasar por funcionarios del Estado con promesas de adjudicación de tierras.
“La ocupación de terrenos sin la debida autorización no corresponde a ninguna orden emitida por el Gobierno Nacional ni por la Agencia Nacional de Tierras. Este tipo de acciones no deben ser toleradas, ya que pueden ser parte de un fraude organizado que pone en riesgo la integridad de las personas involucradas”, señaló la administración departamental.
Frente a estos hechos, el alcalde de Belén de Umbría, John Freddy Montes, expresó su firme compromiso con la defensa de la propiedad privada y la convivencia pacífica en el municipio.
Montes subrayó que su administración busca una solución pacífica, apelando al diálogo y la concertación como herramientas clave para resolver conflictos sociales.
“Hoy nos hemos hecho presentes en la finca Los Ángeles, donde hemos recibido información de una intervención de ciudadanos reclamando derechos sobre este terreno. Queremos dejar claro que nuestra administración está comprometida con la defensa de la propiedad privada y con el respeto a las normativas que rigen el país”, manifestó Montes en una declaración oficial.