Luz verde a extradición de venezolano por secuestro agravado: un magistrado se opuso
Un magistrado expresó su preocupación por los riesgos que enfrentaría el venezolano requerido en cuanto a su integridad y derechos humanos si fuera entregado “al régimen”.
Foto: GettyImages / Jub Rubjob
La Corte Suprema de Justicia, emitió un concepto favorable respecto a la solicitud de extradición del ciudadano venezolano Juan Ernesto González Herrera, formulada por el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela.
El requerido enfrenta cargos por los delitos de secuestro agravado con muerte en cautiverio, uso indebido de arma orgánica y asociación para delinquir agravada, cometidos en territorio venezolano.
El proceso se inició cuando, el 6 de febrero de 2024, el gobierno venezolano solicitó la detención provisional con fines de extradición de González Herrera. La Fiscalía General de la Nación ordenó su captura, la cual se llevó a cabo el 31 de enero de 2024 por la Policía Nacional en cumplimiento de una notificación roja emitida por INTERPOL.
A lo largo del proceso, la Corte verificó el cumplimiento de los requisitos establecidos por la legislación colombiana y los acuerdos internacionales, especialmente el Acuerdo Bolivariano sobre Extradición de 1911, aplicable entre ambos países. La solicitud fue revisada y se confirmó que los delitos imputados no corresponden a delitos políticos, cumpliendo con los requisitos para proceder con la extradición.
Finalmente, en su providencia del 12 de junio de 2024, la Corte resolvió conceptuar favorablemente la extradición, permitiendo que González Herrera sea procesado en Venezuela por los cargos mencionados. El concepto fue comunicado a las partes involucradas y el expediente devuelto al Ministerio de Justicia para los trámites legales correspondientes.
En la decisión, hay un salvamento de voto que llama la atención, es el del magistrado Gerardo Barbosa Castillo.
El magistrado expresó su preocupación por los riesgos que enfrentaría el requerido en cuanto a su integridad y derechos humanos si fuera entregado al régimen venezolano.
A pesar de coincidir con los argumentos mayoritarios sobre los requisitos del acuerdo de extradición, el magistrado subrayó que la vida y los derechos humanos de las personas deben prevalecer, especialmente cuando el régimen venezolano es señalado por organismos internacionales como violador sistemático de derechos.
En su opinión, Colombia podría asumir el juicio dentro de su territorio, garantizando así un trato justo y evitando el riesgo de que el acusado sea sometido a condiciones inhumanas.
