Exclusivo: el expediente canónico de los jesuitas contra el cura pederasta

Hoy por fin tenemos el tantas veces mencionado expediente canónico contra el cura pederasta Darío Chavarriaga, cuyos actos no fueron puestos en conocimiento de la justicia por el entonces superior provincial de los jesuitas en Colombia, el padre Francisco de Roux.

El documento se va a conocer horas después de que la Fiscalía ordenara abrir indagación preliminar contra el padre De Roux y otros dos sacerdotes jesuitas, como presuntos autores del delito de favorecimiento, como se llama en términos jurídicos el encubrimiento en concurso con omisión de denuncia de particular.

El expediente muestra que la Compañía de Jesús parecía más preocupada por evitar el escándalo público que por amparar y reparar a las víctimas de uno de sus miembros.

El llamado expediente canónico tiene apenas 28 páginas, muchas de las cuales deben mantenerse en reserva porque contienen los escabrosos detalles de los abusos sexuales cometidos por el jesuita Darío Chavarriaga contra los entonces niños Luis Fernando Llano y sus siete hermanas.

El cura pederasta para la época de los terribles hechos, parcialmente reconocidos por él, se desempeñaba como director de estudios del Colegio Mayor de San Bartolomé, el más antiguo de Colombia.

En la sede de ese colegio, frente al Capitolio Nacional, abusó sexualmente del niño estudiante Luis Fernando Llano y reconoce que también allí en el claustro manoseó a su hermana mayor de 16 años.

En la casa de los Llano, una familia empobrecida por la adicción al alcohol de su padre, también cometió abusos sexuales contra siete de las hermanas, la menor de las cuales tenía apenas seis años en ese momento.

De acuerdo con la denuncia, que hace parte del expediente, el cura pederasta se aprovechó de la necesidad de la familia y del temor del niño de perder la beca de estudios que le permitía continuar en el Colegio Mayor de San Bartolomé.

El expediente deja constancia de que el pederasta Chavarriaga aceptó sus abusos contra Luis Fernando Llano apenas un día después de la denuncia. Lo hizo ante el padre Francisco de Roux.

Unos días después, Chavarriaga, quien para la época de la denuncia era decano de la Facultad de Odontología de la Universidad Javeriana, fue separado de su cargo y enviado a trabajar a una casa de adultos mayores, sin que tuviera eso aún entidad de castigo.

El expediente canónico dice lo siguiente:

El cura pederasta reconoció que en el mismo colegio había tenido conductas de claro abuso sexual con la hermana mayor, de 16 años, pero se justicia argumentando la “actitud coqueta e insinuante” de la niña. No menciona que, para ese momento, ella tenía 16 y él más de 40 años.

El jesuita Chavarriaga califica como exageración las denuncias de las niñas más chiquitas y asegura que nunca más cometió abusos contra niños en los numerosos cargos que ocupó.

La verdad es que hay otras víctimas, de otros colegios, y el expediente no muestra un esfuerzo de los jesuitas por investigar las conductas del cura en otros cargos:

En una carta al superior general de los jesuitas para la época de la denuncia, el sacerdote español Adolfo Nicolás, el padre Francisco de Roux afirma que las víctimas no quieren hacer escándalo “ni esperan justicia penal”.

Esto es importante porque en la misma carta Francisco de Roux reconoce que ha consultado con juristas acerca de su posible deber de denunciar los delitos del pederasta:

Las sanciones de las que el padre Francisco de Roux habla en su carta al superior general de los Jesuitas no mencionan la palabra “reclusión”, como lo ha usado en recientes declaraciones públicas, sino que se limita a describir el castigo de esta manera:

El pederasta jamás estuvo recluido, le bastaba pedir permiso para salir de la casa, como salió a un homenaje a él rendido en la Universidad Javeriana de Bogotá, lo cual demuestra que la sanción fue mínima ante sus delitos:

También podía viajar fuera de la ciudad, le bastaba con avisar, uno de los puntos de la sanción dice que tiene:

Desde Roma, el general de los jesuitas le contestó meses después al sucesor del padre de Roux, el padre Carlos Correa. Sobre la sanción afirmó: “Más que penas, las medidas tomadas pueden ser consideradas como propias de un gobierno prudente”.

El último documento del muy breve expediente canónico es una carta del padre Correa, provincial de los jesuitas, al arzobispo de Bogotá, monseñor Rubén Salazar Gómez.

Allí queda establecido que los jesuitas no querían indemnizar a las víctimas:

El padre Correa dice también que esto puede volverse un escándalo en estos términos:

El escándalo tardó otros nueve años en aparecer. La justicia sigue ausente, el cura pederasta murió en la impunidad. La pregunta es si el padre De Roux tenía la obligación de denunciar los crímenes de Chavarriaga o si, como interpretan algunos juristas, estaba eximido de ese deber por la prescripción.

Lo que hasta ahora no se ha mencionado en el debate público es que la prescripción es renunciable y que el pederasta podía haber sido invitado por su superior a renunciar a ella y que el propio padre Francisco de Roux puede apartarse de cualquier prescripción para que un juez determine si actuó conforme a la ley.

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