Brasil desmanteló grupo criminal que planeaba el asesinato de Lula da Silva en 2022
Los involucrados podrían ser juzgados por los delitos de abolición violenta del estado democrático de derecho, golpe de estado y organización criminal.
Luiz Inacio Lula da Silva. (Foto: EVARISTO SA/AFP via Getty Images) / EVARISTO SA
La Policía Federal de Brasil desmanteló este martes 19 de noviembre una organización criminal, mayoritariamente compuesta por militares entrenados por las Fuerzas Especiales, que planeaba el asesinato del actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, para evitar la toma de posesión luego de su victoria en las elecciones de 2022.
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El plan, informado por la fuerza de seguridad, incluía el asesinato de su compañero de fórmula y actual vicepresidente, Geraldo Alckmin, y el del magistrado del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, para “restringir el libre ejercicio del Poder Judicial”.
Moraes es el instructor del proceso que investiga los actos golpistas del 8 de enero de 2023, cuando miles de bolsonaristas asaltaron las sedes de la Presidencia, el Congreso y el Supremo en un intento de forzar un golpe de Estado contra Lula.
Las investigaciones de la Policía señalan que la operación ilícita dedicada al homicidio de Lula y Alckmin, llamada “Puñal verde y amarillo”, estaba pensada para ser ejecutada el 15 de diciembre de 2022, 45 días después de que la fórmula del Partido de los Trabajadores haya resultado electa por el 51 % en las elecciones presidenciales.
Además, el plan criminal incluía la instalación de una “oficina de gestión de crisis institucional” que estaba pensada para ser integrada por los propios involucrados, y detallaba “los recursos humanos y militares necesarios” para efectuar el crimen, con “un alto nivel de conocimientos técnico-militares”, según la Policía brasileña.
La ‘Operación Contragolpe’ lanzada por la Policía este martes incluye órdenes de prisión preventiva, de allanamiento e incautación y medidas cautelares distintas a la prisión, como la prohibición de salir del país.
Los involucrados podrían ser juzgados por los delitos de abolición violenta del estado democrático de derecho, golpe de estado y organización criminal.
