Alertan millonaria pérdida para Nación ante eventual fin de concesión Mulaló-Loboguerrero

La Contraloría advierte que habría graves afectaciones económicas y ambientales ante una eventual terminación anticipada del Contrato de Concesión del proyecto vía Mulaló-Loboguerrero en el Valle del Cauca, que repercutiría en que la Nación tendría que pagar $700.000 millones de pesos sin haber recibido a cambio ni un metro de vía.

“Esta situación dejaría al Valle del Cauca sin la ejecución de uno de los proyectos viales más ambiciosos y de gran beneficio para el desarrollo económico del departamento. Este corredor vial mejoraría la competitividad y además reduciría en 52 km y 1,50 horas de tiempo del recorrido por el actual corredor vial Cali-Mediacanoa Loboguerrero”, señaló el ente de control en un comunicado.

Estos recursos se perderían porque los estudios y diseños en Fase III podrían quedar desactualizados con el paso del tiempo; unos predios adquiridos a lo largo de los 32 km que tendrá está vía que habría que resguardar y que podrían verse afectados por algún cambio posterior del diseño; y una Licencia Ambiental en cabeza del actual concesionario, que tendría que ser cedida a la Nación, sin que se hayan evaluado adecuadamente los costos de sus compromisos y los pasivos actuales.

“Terminar de forma anticipada y por mutuo acuerdo este contrato de concesión, significaría dejar al Valle del Cauca sin el indiscutible beneficio económico de una inversión en su territorio de $ 2,8 billones (pesos de diciembre de 2023), haciendo caso omiso de que se trata de un proyecto declarado por el CONPES de importancia estratégica para la Nación”, agrega el ente de control.

En cuanto al impacto ambiental, al reducir la longitud y duración del actual recorrido se generaría una disminución en la emisión de gases.

“La Contraloría General hace un llamado a la Agencia Nacional de Infraestructura ANI y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que estudien la posibilidad de promover y ejecutar un plan a través del cual se definan acciones efectivas que permitan que el concesionario inicie la fase de construcción del proyecto, sin perjuicio, si hay lugar a ello, que se restablezca adecuadamente el equilibrio económico del contrato, pero sin desconocer que ello no justifica la falta de ejecución de las obras, razones por las cuales se les insta a adoptar las acciones necesarias para evitar la materialización de los daños advertidos por el ente de control”, remata la comunicación.