MinTIC busca anular fallo a favor de Telefónica: deberían pagar $2,3 billones de pesos
Este millonario pago incluye los 1,6 millones pagados en 2014, los gastos de arbitraje de ambas partes y los intereses del dinero a una tasa del 5 % de compensación por los daños.
Mauricio Lizcano, ministro de las TIC. | Foto: W Radio
En un nuevo giro de la larga disputa entre el Estado colombiano y Telefónica S.A. (anteriormente BellSouth Colombia), el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) falló en contra de Colombia, imponiendo una condena que asciende a $375 millones de dólares.
El conflicto tiene su origen en la interpretación de la sentencia C-555 de 2013, en la que la Corte Constitucional de Colombia ratificó la reversión de ciertos activos de telecomunicaciones al Estado, decisión que impactó las inversiones extranjeras en el sector.
Telefónica alegó que las medidas adoptadas por el Gobierno en 2014, fundamentadas en dicha sentencia, violaban el acuerdo de protección de inversiones firmado entre Colombia y España.
En 2018, la multinacional española demandó a Colombia ante el CIADI, organismo perteneciente al Banco Mundial, por considerar que el país había incumplido sus compromisos internacionales en materia de protección a la inversión extranjera.
A través de su cuenta de Twitter, el ministro Lizcano afirmó que, a pesar del fallo adverso, la decisión “aún no está en firme” y que procede el recurso de anulación.
“Pediré a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, como responsable de este proceso y quien lideró la defensa, las explicaciones del caso y la revisión de la información aportada”, señaló el funcionario.
El ministro fue enfático al solicitar que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado interponga el recurso de anulación de la decisión del CIADI “lo más pronto posible”. Este recurso, aunque no garantiza la revocación del fallo, abre una ventana para que el Estado colombiano intente revertir o, al menos, reducir la cuantiosa sanción.
El fallo llega en un momento delicado para el país, que enfrenta desafíos fiscales significativos. El monto de $2,3 billones de pesos colombianos representa un golpe considerable para las arcas del Estado, lo que podría traducirse en ajustes presupuestarios adicionales. A su vez, esta disputa tiene el potencial de impactar la percepción de los inversionistas extranjeros sobre la seguridad jurídica en Colombia, un tema crucial para atraer capital en sectores estratégicos como el de las telecomunicaciones.