Gobierno nombró a 12 integrantes de Comuneros Sur como gestores de paz
Las órdenes de captura contra estas personas que colaborarán con la construcción de la paz en Nariño serán suspendidas temporalmente.
Foto: Consejería Comisionada de Paz
El Gobierno firmó una nueva resolución por la cual se designan a varios integrantes del frente Comuneros Sur como gestores de paz, para “contribuir al proceso de co-construcción de paz territorial en Nariño”.
Entre los nombres que están en la lista destacan el de Ana Milena García alias ‘Sonia’, cabecilla del ELN condenada a 40 años de prisión por el secuestro de una familia en Jamundí, Valle del Cauca. También se encuentra Jaime Edilson Rodríguez, cabecilla del ELN conocido como alias ‘Yovany’, quien delinquía entre Nariño y la zona fronteriza con Ecuador. Está señalado de trabajar de la mano del grupo mafioso ‘Los Lobos’ y de haber participado en el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio.
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En el listado también están: Omar Robinson Vallejo, quien participó en el ataque a una patrulla de la Policía en el corregimiento de Chiles, en el departamento de Nariño; Edgar Humberto Restrepo Benjumea, alias ‘Mono Clinton’, condenado por varios secuestros en Antioquía a 40 años de cárcel; y Alexis Fabián Hoyos alias ‘Guatín’, señalado de perpetrar el “plan pistola” contra la fuerza pública en el suroccidente del país, donde murieron dos uniformados de la Policía en 2019.
Por último, se encuentran: Fabio Jiménez González, Diego Fernando García, Jesús Andrés Cabezas, Yumer Arely Guerrero, Luis Alberto Villota y Carlos John Cabrera Ruales, conocido como ‘Mono Sergio’.
De acuerdo con la resolución, el término de la designación como gestores de paz será de ocho meses y operará en el departamento de Nariño.
“Para el cumplimiento de las tareas y actividades que se deriven de la anterior designación, se les otorgarán las medidas necesarias en aras de facilitar su tarea, para lo cual el Gobierno nacional, por intermedio de la Oficina del consejero comisionado de Paz, solicitará a las autoridades judiciales competentes la suspensión de las medidas penales judiciales correspondientes”, dice el texto.