“Regular la coca permitirá quitarle el negocio al crimen organizado”: ministra de Justicia

La ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, habló en La W acerca del decreto sobre el uso de plantas de amapola y coca para fines médicos y científicos.

Según la ministra Buitrago, dicho documento no contradice el Código Penal, pues explicó que se enmarca en la Ley 30 de 1986 y cumple con los estándares de “la política penal nacional y convenios internacionales como la Convención sobre Estupefacientes de 1961″.

Sobre el uso limitado y regulado

Buitrago explicó que el decreto, actualmente en discusión, solo autoriza el uso de cultivos de coca bajo ciertas condiciones, siempre que cuenten con la autorización del Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE).

“Lo que se está permitiendo es que el Estado sea el único receptor de las cosechas, con un enfoque restrictivo y bajo estricta regulación”, afirmó la ministra, agregando que la legislación busca generar alternativas a los usos ilegales de la coca, habilitando usos lícitos como saborizantes, productos alimenticios, farmacéuticos y biocombustibles.

Control para evitar infiltración criminal

Ante la inquietud sobre el posible aprovechamiento de esta medida por parte de organizaciones criminales, la ministra aseguró que la regulación fortalecerá el control estatal, permitiendo un acercamiento efectivo a los territorios.

“Hoy en día, el crimen organizado maneja los plantíos de manera ilegal. Si hay regulación y control, podemos prevenir que estos cultivos sean desviados a fines ilícitos”, argumentó.

Apoyo a pequeños cultivadores

La ministra Buitrago explicó que el decreto también tiene en cuenta a las comunidades campesinas e indígenas. Así, indicó que el Estado apoyará proyectos en asocio con estas comunidades, permitiéndoles una producción lícita que reemplazaría los ingresos obtenidos de la coca ilegal.

“Esto ofrece una alternativa para los cultivadores, que podrán beneficiarse de la coca sin infringir la ley”, comentó.

Perspectiva internacional y cooperación

La ministra también reconoció el impacto internacional de iniciativa y los posibles efectos en la cooperación de Estados Unidos, ahora bajo el mandato de Donald Trump.

Sin embargo, destacó que ya existen modelos exitosos en países como Perú y Bolivia, y en Colombia se han identificado empresas que transforman la coca en productos legales.

Regulación y alcance internacional

La W preguntó si la regulación de cultivos de hoja de coca sin alcaloide para usos médicos y científicos está inspirada en otros modelos internacionales, como Perú. En esa línea, el interrogante que surge es: ¿cuáles serían las barreras específicas que Colombia enfrentaría en términos de aceptación y cooperación internacional, especialmente con países como Estados Unidos?

En respuesta, la ministra señaló que Estados Unidos podría importar un producto colombiano regulado sin alcaloide, pero en una situación de nuevas administraciones, como una eventual de Donald Trump, esto podría cambiar.

Garantías para campesinos y seguridad

La ministra también respondió sobre los campesinos en zonas rurales controladas por grupos armados que dependen del comercio ilegal y qué mecanismos concretos establecería el Gobierno para garantizar la seguridad de quienes decidan vender sus productos de coca de manera legal al Estado.

Al respecto, informó que el Estado quiere reducir la intervención del crimen organizado en estos cultivos, pero sería útil profundizar en cómo se implementará esta seguridad para evitar represalias.

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