Gobierno visitó cárcel Modelo para avanzar en documento CONPES de política penitenciaria
La ministra de Justicia y el director de Planeación participaron en un evento en el penal para socializar lo que el Ejecutivo espera que sea una política criminal más humanizada.
La ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, y el director del DNP, Alexander López, visitaron la cárcel Modelo para avanzar en la construcción de un documento Conpes sobre la política penitenciaria del país. (Cortesía - Ministerio de Justicia) / Fabian Aguilar
Este jueves, 7 de noviembre, la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, y el director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Alexander López, recorrieron diferentes patios de la Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de Bogotá, ‘La Modelo’ para participar en una jornada de socialización de lo que será una nueva apuesta en la política penitenciaria.
De acuerdo con el DNP, la visita tuvo como propósito avanzar en la construcción de un documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) acerca del sistema penitenciario y carcelario. La jornada permitió escuchar necesidades en salud, trabajo, estudio y otros aspectos que hacen parte de la vida de las personas privadas de la libertad.
“Estamos realizando la proyección de un CONPES para avanzar y mejorar las condiciones del sistema carcelario. Vamos a trabajar para que sea un programa de política pública, en el entendido de que estamos hablando de personas con derechos”, afirmó la ministra Buitrago, quien participó en la visita también junto al director de la Unidad de Servicios Penitenciarios (USPEC), Ludwing Valero.
La ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, y el director del DNP, Alexander López, visitaron la cárcel Modelo para avanzar en la construcción de un documento Conpes sobre la política penitenciaria del país. (Cortesía - Ministerio de Justicia) / Fabian Aguilar
Al evento en La Modelo asistieron unos 150 funcionarios públicos de diferentes entidades, como el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC); los ministerios de Cultura, Educación, Trabajo y Salud; el Invima; la Contraloría General de la República, y la Defensoría del Pueblo. La idea es avanzar en la solución del estado de cosas inconstitucional declarado en la población carcelaria.
Según el DNP, la intención del gobierno del presidente Gustavo Petro es, además de avanzar en la erradicación de lo notado por la Corte Constitucional, brindar oportunidades a la población pospenada y ofrecer garantías del goce efectivo de los derechos de quienes actualmente permanecen recluidos en las cárceles y los establecimientos transitorios.
“Es una decisión de nuestro gobierno avanzar, a través de este CONPES, en la construcción de una política integral de garantía de los derechos humanos en las cárceles de Colombia”, señaló el director López, quien se mostró dispuesto a “poner toda la capacidad de articulación de Planeación para avanzar de una manera rápida y concreta” en la definición de políticas públicas.
La ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, y el director del DNP, Alexander López, visitaron la cárcel Modelo para avanzar en la construcción de un documento Conpes sobre la política penitenciaria del país. (Cortesía - Ministerio de Justicia)
Alexander López explicó que el Ejecutivo convocará mesas técnicas para que “todas las entidades del Estado” escuchen a las personas presas, a sus familias y a quienes hacen parte de la guardia, con el fin de resolver lo que el Gobierno califica como “la dolorosa situación penitenciaria y carcelaria del país”.
Históricamente, de acuerdo con la Corte Constitucional —que ha declarado el estado de cosas inconstitucional en materia penitenciaria en tres ocasiones—, en Colombia no ha existido una política penitenciaria que pueda cumplir a cabalidad con los derechos de la población privada de la libertad. En la actualidad, la Nación tiene a cargo 152 cárceles.
El total de personas reclusas es de 104.396, de quienes el 93% son hombres y el 7%, mujeres. El 77,5% de la población carcelaria está en el rango de 18 a 44 años, lo que, apuntó el DNP, “plantea importantes retos para la rehabilitación”. El 58% participa en programas de educación o trabajo, y la mayoría tiene “bajos niveles educativos”.
