Revocan sanción contra el presidente Petro por falta de nombramientos en la CREG
El Consejo de Estado revoca la sanción contra el presidente Gustavo Petro por desacato en nombramiento de comisionados de la CREG.
El Consejo de Estado revocó la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que imponía una multa de cinco salarios mínimos mensuales al presidente Gustavo Petro por presunto desacato en el nombramiento de seis comisionados para la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).
La multa había sido dictada el 2 de octubre de 2024 tras la conclusión de que Petro no había cumplido con la orden judicial emitida el 25 de enero del mismo año, que ordenaba integrar la CREG con seis expertos nombrados en propiedad.
En el fallo, el Consejo de Estado argumentó que no se impuso un plazo para el nombramiento de la totalidad de los comisionados y que las gestiones adelantadas por el presidente para cumplir con esta orden son suficientes.
La Secretaría Jurídica de la Presidencia informó que, aunque el proceso de nombramiento aún no está completo, se están realizando esfuerzos continuos para designar a los expertos necesarios.
Los magistrados destacaron que el objetivo del fallo no era necesariamente que los nombramientos se concretaran en un plazo de 30 días, sino que se garantizara la iniciación y el avance de los trámites correspondientes.
En ese sentido, la Sala reconoció que el presidente ha nombrado a tres comisionados: Antonio Jiménez Rivera, Fanny Elizabeth Guerrero Maya y William Abel Mercado Redondo, quienes fueron designados entre junio y julio de 2024.
La Sala consideró que con las pruebas presentadas, los trámites realizados por la Presidencia han sido “eficaces, necesarios, prioritarios y útiles”, reflejando el interés y la diligencia del mandatario en cumplir con la orden judicial. Por ello, se decidió revocar la sanción impuesta y se ordenó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que continúe vigilando las actuaciones de la Secretaría Jurídica en relación con el nombramiento de los comisionados restantes.
En conclusión, el Consejo de Estado dejó claro que el cumplimiento de la orden judicial está en curso y que no hay razones para mantener la sanción contra el presidente.