Condenan a exgobernador de Magdalena por irregularidades en contrato para diagnóstico VIH
La Corte Suprema de Justicia condena a 15 años de prisión al exgobernador del Magdalena Francisco José Infante Vergara por irregularidades en un contrato de salud en 2007. Además, deberá pagar una multa de 1.153 SMLMV y más de $2.500 millones en indemnizaciones.
Corte Suprema de Justicia, imagen de referencia. Foto: W Radio.
La Corte Suprema de Justicia condenó en primera instancia a Francisco José Infante Vergara, exgobernador encargado del Magdalena, a 180 meses y seis días de prisión, es decir 15 años y 6 días, y a una multa de 1.153,08 salarios mínimos legales mensuales vigentes, tras hallarlo coautor de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros. La sentencia también incluye la inhabilitación permanente para ejercer funciones públicas.
La decisión de la Corte se basa en las múltiples irregularidades detectadas en la contratación del servicio de pruebas de diagnóstico de VIH para población vulnerable en el departamento.
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El contrato 372 de 2007, firmado por Infante Vergara, carecía de los estudios técnicos, financieros y jurídicos que exige la ley, y la empresa contratada, IPS Eidys Campo Laboratorio Clínico, fue seleccionada sin cumplir con los requisitos necesarios, ya que no estaba inscrita en el registro especial del Ministerio de Salud y se presentó como persona natural, a pesar de que se requería una persona jurídica.
Además de la pena privativa de la libertad, la Corte Suprema ordenó a Infante Vergara el pago de $2.589.393.436,51 en concepto de daños y perjuicios, así como $129.469.671,83 por agencias en derecho a favor de la parte civil.
La sentencia negó la prisión domiciliaria al exgobernador, debido a que no cumple los requisitos legales para ello, y se negó la suspensión condicional de la pena, lo que implica que Infante Vergara deberá cumplir la totalidad de su condena en un centro penitenciario, una vez se haga efectiva la orden de captura.
Otros implicados
En su fallo, la Corte ordena la compulsa de copias para que la Fiscalía investigue a otros funcionarios y contratistas que participaron en la celebración y liquidación del contrato, entre ellos el entonces secretario de Salud departamental, Milton Miguel Cantillo Lara; el interventor del contrato, Nilson Parodys Movilla; el médico auditor, Miguel Aguilar Sequea; y la contratista Eydis Esther Campo Lacera.