El Ejército brasileño imputó a tres coroneles que impulsaron un golpe contra Lula en 2022
Los imputados, que responderán ante un tribunal militar por los delitos de “incitar a la desobediencia” e “indisciplina”, entre otros, son los coroneles Anderson Lima de Moura, Carlos Giovani Delevati Pasini y José Otávio Machado Rezo.
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva FOTO: EFE/Andre Borges / André Borges (EFE)
El Ejército brasileño ha imputado a tres coroneles acusados de redactar y difundir una carta que instaba a las Fuerzas Armadas a desconocer la victoria del actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, en las elecciones de 2022, informaron este viernes fuentes oficiales.
La carta circuló entre la oficialidad a fines de ese mismo año, después de que Lula se impuso en las urnas al entonces presidente Jair Bolsonaro, capitán de la reserva del Ejército y defensor de la última dictadura (1964-1985), que hasta hoy no reconoce abiertamente su derrota.
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Los imputados, que responderán ante un tribunal militar por los delitos de “incitar a la desobediencia” e “indisciplina”, entre otros, son los coroneles Anderson Lima de Moura, Carlos Giovani Delevati Pasini y José Otávio Machado Rezo, estos dos últimos de la reserva.
Lula derrotó en las urnas a Bolsonaro el 30 de octubre de 2022 y a partir de ese día Brasil se sumergió en una vorágine de protestas, bloqueos de carreteras y campamentos frente a cuarteles del Ejército en los que se clamaba abiertamente por un golpe que impidiera su investidura.
El líder progresista asumió el 1 de enero de 2023, con Bolsonaro en Estados Unidos, hacia donde había viajado dos días antes para no traspasar el poder, y una semana después miles de activistas de la ultraderecha asaltaron y destrozaron las sedes de la Presidencia, el Parlamento y la Corte Suprema.
Exigían una “intervención militar”, así como habían hecho durante semanas frente a los cuarteles, pero las Fuerzas Armadas no se plegaron a la asonada y cerca de 2.000 personas fueron detenidas.
Unas 1.400 fueron acusadas formalmente ante el Supremo y 227 ya han sido condenadas a penas que oscilan entre tres a 17 años de prisión, tras ser declaradas culpables de intento de golpe de Estado y daños calificados al patrimonio público, entre otros delitos.
Otras 200 han aceptado su responsabilidad y firmado acuerdos judiciales para la prestación de servicios comunitarios, entre otras medidas que la Justicia define como “educativas” e incluyen cursos sobre democracia y derechos humanos.
El expresidente Bolsonaro, a quien muchos consideran el auténtico promotor de esos hechos, no fue incluido en el juicio sobre el 8 de enero de 2023, pero es sospechoso de tramar supuestos planes para impedir la investidura de Lula. Según la Policía Federal, esa investigación deberá concluir en los próximos días.
También responde en otros procesos y ha sido inhabilitado para ejercer cargos públicos durante ocho años en la Justicia electoral, por “abusos de poder” verificados durante la campaña de 2022.
