Pese a cambio aprobado en debate de Participaciones, Carf insiste en que es inconveniente
El Comité Autónomo de la Regla Fiscal asegura que el cambio de bajar las transferencias a las regiones del 46,5% al 39,5% es positivo pero que igual esto implica un incumplimiento de la regla fiscal.
Dinero Colombia y calculadora, imagen de referencia prima // Gettyimages / Andrzej Rostek
El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) se pronunció sobre la aprobación en sexto debate del Sistema General de Participaciones (SGP), e insiste en que es inconveniente pese al cambio de bajar las transferencias a las regiones del 46,5% al 39,5%.
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“Si bien estas modificaciones son, en el margen, positivas, el CARF considera inconveniente la iniciativa por las razones ya expuestas y, adicionalmente: que las transferencias para financiar sectores no puedan reducirse en términos nominales de un año a otro y que no exista un mecanismo de estabilización de las transferencias del SGP a las regiones”, dijo la entidad.
El Carf también advierte que con este acto legislativo “se crea una situación de posible superación del límite de deuda en el mediano plazo. La situación actual de las finanzas públicas y de la rigidez del gasto del Gobierno Nacional es ya retadora en ausencia de este proyecto de reforma”.
Es decir, este proyecto implica un aumento de la deuda pública a niveles de no retorno (por encima del límite de 71% del PIB) y por tanto un incumplimiento de la Regla Fiscal.
“Esto comprometería la capacidad que tiene el Gobierno para honrar sus obligaciones, incluso las intransferibles”, señaló la entidad.
Por eso, esta entidad autónoma adscrita al Ministerio de Hacienda que revisa que el país no se endeude más de lo que puede, insiste en que con la reforma propuesta, las transferencias del SGP aumentarían hasta 8,2% del PIB, un incremento insostenible. Compensar ese aumento implicaría ingresos adicionales equivalentes a tres reformas tributarias.
Finalmente, la entidad advierte que “la discusión de esta reforma inició por el final. Lo primero que habría que revisar es cuáles son las competencias que el Gobierno Nacional puede transferir a las entidades territoriales, cuál es su capacidad de ejecución y cuáles son las necesidades de gasto sectorial”.