JEP compulsa copias contra varios generales por crímenes contra la UP y masacres
El exconcejal de Tenjo por el Centro Democrático, general Jorge Andrés Zuluaga, fue uno de los señalados. También el general Lelio F. Suárez fue vinculado por presunto intento de encubrimiento a la masacre de Anaime (2004).
La W tuvo acceso al documento de 286 páginas en el que el magistrado Gustavo Salazar de la JEP compulsó copias para que sean investigados varios altos oficiales y un alcalde por distintos crímenes cometidos por la Fuerza Pública en asocio con paramilitares en el departamento del Tolima y que generaron el asesinato de civiles, persecución y homicidios de miembros de la Unión Patriótica, masacres y falsos positivos.
En el escrito aparecen varios nombres de altos oficiales que fueron señalados por el magistrado Salazar en su rol como investigador del caso UP, a partir de testimonios y documentos. Frente a los vinculados que resaltan aparece el general (r) Jorge Andrés Zuluaga, exconcejal de Tenjo por el Centro Democrático, el excomandante de la Sexta Brigada, general Lelio Fadul Suárez, el general José Guillermo Delvasto Jaimes, entre otros.
La persecución y los homicidios contra miembros de la UP en el Tolima
Dentro de la investigación realizada por la JEP se abordó la estigmatización y persecución padecida por la Unión Patriótica que derivó en persecuciones y homicidios cometidos por paramilitares con lista en mano emanada de la inteligencia militar, donde en los mismos batallones se equiparaba a sus integrantes y los sindicalistas como guerrilleros de las Farc, incluso se les ingresaba dentro del “orden de batalla” contra la guerrilla, como por ejemplo el siguiente caso:
Como hecho ilustrativo y de la mayor gravedad, la JEP expuso la forma en la que se orquestó el asesinato del líder indígena de la Unión Patriótica y excandidato al Concejo de Ortega, José Rubiel Malambo, el 14 de abril del 2004, bajo la modalidad de falso positivo cometido por el Batallón Caicedo.
Según lo confesado por los partícipes directos y la esposa de la víctima, este fue sacado de su casa y fusilado metros hacia arriba en una colina, tras ser señalado falsamente de ser un “reclutador de menores” para las Farc. De forma muy grave los militares implantaron un bolso lleno de papeles alusivos a la guerrilla, para justificar la operación.
Y todo no termina ahí. Dentro de las inspecciones que realizó la JEP a la Regional de Inteligencia 5 (RIME 5) que proporcionaba inteligencia desde Bogotá a esa zona del Tolima, el despacho encontró que, desde el 2003, en oficios de inteligencia firmados por el hoy general (r) Reinaldo Castellanos y el coronel Javier Franco Pinzón, el líder de la UP ya había sido perfilado como “jefe de milicias” de las Farc ubicándolo además en la zona donde finalmente lo mataron meses después.
Cortesía: JEP
La responsabilidad directa de la Regional de Inteligencia en dicho operativo criminal habría sido mayor. De acuerdo con la JEP, dos de los soldados (Ricardo Rubio y Freydman Clavijo) que aceptaron su responsabilidad señalaron a varios oficiales de la RIME, entre ellos el coronel (hoy general y exconcejal de Tenjo) Jorge Andrés Zuluaga López como uno de los responsables, junto a otros militares de inteligencia: mayores René Morales y Gilberto Velasco Ojeda, el jefe en el Tolima Marcelo Armando Rivera, y otros, que presuntamente tuvieron conocimiento o participación en la operación.
El general (r) Jorge Zuluaga López era el comandante de la Regional de Inteligencia 5 (RIME 5) para el momento de los hechos y es un experimentado oficial de inteligencia, quien además fue segundo comandante de la Escuela de Inteligencia Charry Solano (unidad cuestionada por distintos hechos contra la UP), y desde 1984, involucrado en inteligencia.
Es más, los soldados que acribillaron a Malambo dieron fe ante la JEP que horas antes de que se lanzara la operación, cuando el coronel (r) José Dumar Giraldo era el comandante del Batallón, hubo una reunión con personal de la RIME 5 en la que les explicaron cómo “cazar” al líder de la UP, y a su amigo Cristóbal Leyton, como finalmente ocurrió (al cuerpo de Malambo incluso le agregaron unos explosivos que nunca portó) para legalizar el crimen.
A lo largo de toda la compulsa, el despacho expuso con documentos el perfilamiento y señalamiento de unidades de la Sexta Brigada (Batallón Caicedo, Batallón Rooke, etc.) hacia sindicalistas, políticos y líderes sociales de la Unión Patriótica como colaboradores de las Farc, lo que a la postre generó encarcelamientos, persecuciones y homicidios en su mayoría cometidos por paramilitares con ayuda mediante listas entregadas por militares.
Cortesía: JEP
En la compulsa de copias que vincula al general (r) Jorge Andrés Zuluaga, el coronel René Morales Parra entre otros, el despacho solicitó esclarecer su presunta responsabilidad en lo ocurrido con las estigmatizaciones hacia la Unión Patriótica y especialmente el crimen del José Rubel Malambo en 2004. Además, porque excomandantes del Bloque Tolima de las AUC, en diligencia ante la JEP, aseguraron que recibieron listados desde la RIME 5 con nombres de personas a matar.
W Radio contactó al general Zuluaga para conocer su posición ante los hechos expuestos anteriormente en su condición de excomandante de la Regional de Inteligencia 5 (RIME 5) en 2004, quien afirmó que efectivamente fue comandante de la RIME 5 entre marzo del 2004 y junio del 2005 y aseguró que siempre ha procedido conforme “a la ley y las normas”, que tiene su conciencia tranquila, y que está a disposición de atender cualquier requerimiento judicial.
El presunto plan entre una alcaldesa, militares y paramilitares contra la izquierda en Tolima
Además de la responsabilidad directa endilgada a distintos militares de alto y medio nivel por el exterminio de la UP en el Tolima, también fue señalada la alcaldesa Merceses Ibarra de Dolores Tolima (2001) de haber presuntamente contribuido en informes que estigmatizaron a líderes de la Unión Patriótica como guerrilleros, poniendo su vida en peligro tal como consta en informes escritos dirigidos al Batallón Rooke por la exalcaldesa, como comprobó la JEP.
Además de vincular a integrantes de la Unión Patriótica con las Farc, la exalcaldesa fue señalada de facilitar el asesinato de personas dentro del municipio a manos de paramilitares del Bloque Tolima en una coordinación con Policía, Ejército y Personería con la ejecución material del hombres del Bloque Tolima como José Alveiro García “Teniente”, así como permitir la toma de las AUC al municipio de Dolores que se extendió por más de 6 horas.
Allí fue secuestrado y desaparecido el miembro de la UP Ricardo Conde Alarcón, de quien uno de sus familiares le dijo a la JEP que buscó ayuda de la alcaldesa en el momento del rapto, cuando tenían a la población reunida en la plaza, y esta, quien permanecía en su despacho reunida como si nada estuviera pasando, según el testigo, le dijo: no puedo hacer nada.
“Cuando yo llego y entro a la Alcaldía, lo primero que veo son a ellos sentados ahí, le digo “doctora Mercedes, se acaban de llevar a mi hermano, se llevaron a mi hermano. Colabóreme, que no se lo lleven”, ella dice “no, ¿yo qué puedo hacer?, yo no puedo hacer nada. Si ya se lo llevaron, ya qué” dijo el hermano de Conde, quien fue asesinado, desaparecido y enterrado en una base paramilitar.
Mercedes Ibarra, foto de referencia durante su aspiración a la Cámara de Representantes por el Tolima | Foto: Prensa Partido Cambio Radical
Aunque la lista inicial de civiles para asesinar era inmensa, alias ‘‘Teniente” sostuvo que les explicó a la alcaldesa y los demás vinculados que eso sería un problema para todos, así que se decidió “darle al que era” y mató a tres personas. La operación de sicariato duró 8 días y no pudo continuar porque el gobernador Guillermo Alfonso Jaramillo empezó a preguntar qué pasaba.
Todos estos hechos contra la Unión Patriótica generaron la compulsa de copias de la JEP dirigida a la Fiscalía General de la Nación contra la exalcaldesa Mercedes Ibarra y el personero Diego Fernando Hernández. Cabe resaltar que en su momento Justicia y Paz también pidió investigar a la exmandataria y el coronel Jorge Eduardo Rojas, comandante del Rooke, pero esas investigaciones no tuvieron mayor avance.
W Radio contactó a la exalcaldesa Mercedes Ibarra quien mencionó que todo lo que tenga que ver con ese proceso será manejado directamente ante las autoridades judiciales.
La masacre de Anaime: el “pedido” que enreda al general Lelio Fadul Suárez Tocarruncho
Uno de los hechos atroces que dejó el conflicto en el departamento del Tolima fue la masacre de Anaime en 2004, donde un grupo de militares asesinaron a cinco civiles, rematando a uno de ellos y muriendo un bebé de dos años, porque pensaban que estas personas eran guerrilleros que venían caminando. De hecho el expresidente Álvaro Uribe mencionó que lo habían engañado.
Adicional a lo ya dicho ante la justicia ordinaria, se desprende ante la JEP una acusación contra el general (r) Lelio Fadul Suárez Tocarruncho por presuntamente haber querido encubrir la realidad de los hechos y es que se trataba de una masacre contra la población civil.
Ante el despacho del magistrado Salazar, uno de los partícipes en la matanza afirmó que al informar que se trataba de una masacre contra civiles cometida por error, fue “persuadido” por el general Suárez, con la intención de, según la JEP, ponerle armamento a los cadáveres para legalizar sus muertes y evitar el escándalo.
“Cuando pasa mi General Tocarruncho al radio, yo le hago… me hace la misma sugerencia, me dice: “no, busque, busque, que algo tiene que haber ahí, que mire alrededor, que ahí tiene que haber”, como haciendo una sugerencia de que ahí tiene que haber un armamento. Entonces yo le digo… a mí ya me da rabia esa situación, porque no… o sea, ya llevo tres reportes y me están haciendo la misma sugerencia, le digo: “¡es que hay un bebé, o sea, un bebé! ¿Qué le buscamos a un bebé? ¿Qué fusil le vamos a buscar a un bebé?” contó a la JEP el Cabo Tercero Óscar Javier González, quien tomó el mando ante la crisis de sus superiores por la equivocación.
En la compulsa realizada por la jurisdicción contra el general Lelio Fadul Suárez Tocarruncho y otros oficiales responsables de lo ocurrido, la magistratura encontró que la Sexta Brigada envió oficiales para que explicaran a los militares involucrados cómo debían explicar la posición en la que estaban en el momento de los hechos, y esa agrupación militar responsable, a los pocos días, seguía haciendo operaciones militares como si nada.
A lo largo del documento conclusivo sobre las alianzas entre la Fuerza Pública y las AUC en el Tolima y diversos delitos, también se ordenó investigar supuestos sobornos que recibieron comandantes de batallón como el coronel (hoy general) José Guillermo Delvasto Jaimes quien estuvo al frente del Batallón Caicedo en 2003.
Sobre este general, exparamilitares aseguraron que fue objeto de jugosos regalos como una camioneta, sueldo de 10 millones mensuales por trabajar con ellos y hasta un reloj Rolex por facilitar el asesinato de los líderes de la UP Humberto Capera y Onofre Culma. También fue señalado por exmilitares como Fernando Díaz Contreras de un supuesto recibimiento de un caballo.
“Yo le llevé una camioneta regalada por alias ‘Elías’ una Toyota 4.5, era tirando como verdosa, yo fui y se la entregué entrando a Chaparral, le entregué la camioneta que le mandaron y le entregué los documentos, el traspaso abierto y todo a él, que eso se lo mandaba Elías”, dijo uno de los exparamilitares citado por la JEP.
Asimismo, se tendrá que investigar el presunto papel del coronel (r) José Fernando Mejía Araújo, quien llegó del Caquetá con alias “Zeus” desde el Batallón Juanambú, ha sido señalado de relaciones con el paramilitar alias “Paquita” y, fue enviado al Tolima para continuar la expansión porque era supuestamente un oficial de “confianza” de Carlos Castaño.
Finalmente, en el marco de las labores investigativas la JEP pudo descubrir al menos 18 falsos positivos cometidos por integrantes del Batallón Caicedo, entre ellos dos miembros de la UP, crímenes cometidos por el Grupo “Caníbal”, asunto que pasará a manos del macrocaso que indaga por ejecuciones extrajudiciales (caso 03) para que determine las responsabilidades.
La investigación por todos estos hechos deberá avanzar.
