Petro apoyará el proyecto de Sistema General de Participaciones
El presidente Gustavo Petro, decidió apoyar el proyecto de reforma constitucional sobre el Sistema General de Participaciones (SGP) bajo 5 condiciones y pese a las críticas del propio Gobierno.
Presidente Gustavo Petro. Foto: cortesía Presidencia. / ANDREA PUENTES
A través de su cuenta de X (Twitter), el presidente Gustavo Petro respaldó su apoyo al proyecto de reforma constitucional sobre el Sistema General de Participaciones (SGP), con el cual el Gobierno transfiere a los municipios, distritos y departamentos los recursos necesarios para financiar los servicios de educación, salud, agua y saneamiento básico.
El presidente dejó una serie de cinco condiciones que están orientadas a mejorar la autonomía local sin comprometer la sostenibilidad fiscal del país. La primera propuesta considera que el porcentaje de los ingresos nacionales transferidos a los municipios se incremente gradualmente del 26% al 46%.
La segunda, es que las condiciones incluidas en este apoyo están diseñadas para garantizar que el aumento de recursos vaya acompañado de una transferencia de competencias a los municipios, de modo que el estado central delegue ciertas responsabilidades, mitigando el impacto en el déficit fiscal.
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La tercera condición es que la fórmula de reparto en la ley de competencias debe cerrar las brechas entre las regiones, promoviendo un acuerdo que permita concretar la paz y garantizando que ninguna región quede excluida de los beneficios.
La cuarta busca la mejora para la cobertura y calidad en áreas esenciales como la salud y la educación; este propone que los municipios asuman la gestión completa del sistema de atención primaria. En educación, la cobertura abarcaría tres años de preescolar, una jornada escolar única, y dos años de educación superior gratuita en los colegios.
Por último, agregó que el incremento en la autonomía y el poder de gestión de los municipios implica una responsabilidad adicional para las comunidades, la cual, deberá estar unida y organizada para asegurar que los recursos se destinen a necesidades reales, evitando que caigan en manos de intereses particulares o mafias locales.
Aun así, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, afirmó en las últimas horas que, la reforma es “absolutamente insostenible fiscalmente” y requiere modificaciones, además, aseguró que la implementación debería esperar hasta 2027, una vez se definan claramente las competencias a transferir a los municipios.