Tribunal declara ilegal a ‘La Rolita’ y genera debate de responsabilidades en el Concejo

Un reciente fallo judicial declaró ilegal la creación de la empresa distrital de transporte ‘La Rolita’, alegando que el proceso no cumplió con los estudios de viabilidad técnica y financiera exigidos por ley.

La decisión ha suscitado fuertes reacciones entre los concejales que votaron a favor del proyecto, como Ana Teresa Bernal, del Pacto Histórico, y Martín Rivera, exconcejal del Partido Verde, así como del abogado Felipe Bastidas, quien lideró la demanda y fue clave en cuestionar la legalidad del proceso desde sus inicios.

La concejal Bernal defendió su voto a favor, explicando que el proyecto buscaba mejorar el sistema de transporte público en Bogotá.

“Nosotros, como bancada, apoyamos la creación de una empresa pública confiando en que la administración cumpliría con los estudios necesarios”, aseguró Bernal, quien expresó que el fallo fue una sorpresa y se comprometió a llevar el debate al Concejo para evaluar los siguientes pasos.

Martín Rivera, quien también respaldó la iniciativa en su momento, señaló que aunque el concepto de ‘La Rolita’ tenía el potencial de mejorar la movilidad en la ciudad, el fallo expone una “improvisación” en la administración de la alcaldesa Claudia López.

Según Rivera, el Concejo no es responsable de estructurar proyectos, sino solo de aprobar los lineamientos generales en el Plan de Desarrollo. “Nuestro papel no es la administración directa; el fallo evidencia que la implementación fue deficiente”, afirmó Rivera.

El abogado Felipe Bastidas, quien demandó la creación de ‘La Rolita’ por incumplir la normativa, explicó que el fallo se centra en una omisión fundamental: la falta de un estudio de viabilidad exigido por la Ley 489.

“La creación de una entidad descentralizada debe sustentarse en estudios técnicos que justifiquen su existencia y viabilidad. En este caso, esa justificación nunca se presentó”, señaló Bastidas. Además, subrayó que, desde el proceso inicial, hubo advertencias legales sobre las consecuencias de no cumplir con la ley, pero estas fueron ignoradas.

Bastidas también explicó que este tipo de irregularidad no solo acarrea consecuencias legales para la entidad en sí, sino que podría derivar en sanciones fiscales y disciplinarias para los funcionarios responsables.

“Existe un riesgo real de que se establezcan responsabilidades fiscales e incluso penales, y será tarea de los órganos de control, como la Procuraduría y la Contraloría, determinar el alcance de estas sanciones”, agregó. Además, resaltó la importancia de que la administración no eluda el fallo judicial, ya que hacerlo constituiría un fraude a resolución judicial, lo cual también acarrea sanciones legales graves.

La decisión del tribunal deja un panorama incierto para ‘La Rolita’, sus 195 buses y sus cientos de empleados. Bastidas considera que el Distrito podría enfrentar costos adicionales por la necesidad de liquidar la empresa o trasladar el servicio a otra entidad.

“La liquidación es una de las opciones, y la otra sería una reestructuración que permita continuar el servicio bajo una figura que cumpla con todos los requisitos legales”, explicó Bastidas, quien advirtió que cualquier opción implicará una revaluación de los compromisos contractuales de la empresa.

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