JEP compulsa copias contra varios generales por presunto favorecimiento a paramilitares
Además del general Jaime Humberto Uscátegui, también otro abundante cuerpo de generales fueron señalados, entre ellos el excomandante del Batallón Vargas Miguel Pérez, y el general Francisco René Pedraza.
General Jaime Uscátegui (Mauricio Alvarado - Colprensa), Francisco René Pedraza (Archivo - Colprensa) y Miguel Pérez Guarnizo (JEP)
La W conoció en primicia que en el despacho del magistrado Gustavo Salazar, en el marco del caso que investiga el exterminio de la UP (Unión Patriótica) en el Meta, compulsó copias para que un amplio grupo de generales de la República sean investigados por su presunto favorecimiento a la expansión paramilitar en los llanos: en cabeza de los señalados aparece el general Jaime Uscátegui.
En el caso del general Uscátegui, el despacho del magistrado Gustavo Salazar consideró que, en su condición de excomandante de la Brigada VII, habría podido incurrir en omisiones para frenar las acciones violentas de las Convivir ante la información sobre los abusos que cometían contra la población, y más adelante, las masacres paramilitares como la de Mapiripán
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Especialmente, uno de los testigos mencionó a un oficial de apellido Barragán como el enlace entre la Brigada y la Convivir de El Dorado para el manejo de información recolectada deteniendo gente y, en el marco de los abusos, sometiéndola a interrogatorios.
Pero sin duda, los dos oficiales en retiro que quedaron mayormente de forma grave comprometidos son el general (r) Francisco René Pedraza, excomandante de la Brigada VII en 1997 y el general y exdirector de la Defensa Civil, general (r) Miguel Pérez Guarnizo, en su condición de excomandante del Batallón Vargas, por relaciones con paramilitares y en el caso de Pedraza hasta presuntos vínculos con narcos.
En el caso particular del general Francisco René Pedraza, uno de los testigos ante la JEP mencionó que a pesar de que tenía conocimiento de bases operativas de los paramilitares como Casibare y se le puso en conocimiento la información para bombardearlos, no hizo nada, y hasta se la ocultó deliberadamente al general Jorge Mora, comandante del Ejército en esa época, quien pidió ser dateado sobre objetivos de las AUC.
Es más, la JEP halló documentos donde se pone de manifiesto, según el despacho, que los gastos reservados de inteligencia iban siempre a obtención de información sobre las Farc, aún cuando recientemente los paramilitares habían cometido las masacres de Mapiripán (1997) y Caño Jabón (1998).
Por otra parte, uno de los testigos reservados, militar en retiro, fue enfático en mencionar que el general Francisco René Pedraza, (también procesado en su momento por la masacre de El Naya en el Valle), tenía relación con el narcotraficante Daniel “El loco” Barrera.
El tercero de estos militares de alto rango objeto de la compulsa, como se anticipaba, es el exdirector de la Defensa Civil, general (r) Miguel Pérez Guarnizo, quien en su condición de excomandante del Batallón Vargas en 1997, fue señalado ampliamente por exparamilitares oídos por la JEP, de haber tenido vínculos con los grupos de Autodefensas en el Meta y aliado con ellos.
Entre los excabecillas de las AUC que vincularon al general Pérez Guarnizo se encuentran Dairo Úsuga “Otoniel” quien manifestó que las coordinaciones en la zona de Granada y alrededores se hacían con el general Pérez en su condición de comandante del Batallón Vargas.
De hecho la JEP encontró que pese a que desde la Cuarta División y diversas autoridades se alertaba de la presencia de paramilitares en la zona de influencia del Vargas, el batallón liderado por Pérez Guarnizo seguía asegurando por escrito que no.
Miguel Pérez Guarnizo (Foto: JEP)
Según las cifras de la JEP, en el acuerdo criminal que hubo entre Ejército, Policía y las Autodefensas para autorizar el sicariato de personas en distintos municipios como El Dorado y Granada, se dividieron las zonas.
Apoyado en testimonios, el tribunal halló que los paramilitares tenían libremente retenes en la entrada de municipios como Granada, donde operaba el Batallón Vargas al mando de Pérez Guarnizio; podían moverse libremente en el pueblo, asesinar personas, y “botarlas” afuera en zona rural, con la intención de no aumentar las cifras dentro de las cabeceras municipales y no generar presión.
“Las cifras… sí, para que no subieran las cifras de homicidios en el municipio, entonces se botaban para el basurero, se botaban lejos, entonces ya la POLICÍA decía “no era la jurisdicción…” bueno, ellos sacaban su disculpa. Pero eso es preacordado, eso no sucede porque yo quiero mucho a la policía, entonces yo no le voy a hacer daño, eso es preacordado” mencionó el testigo.
Además de los generales Uscátegui, Miguel Pérez Guarnizo, Francisco René Pedraza, la compulsa dirigida al macrocaso 08 de la JEP se dirige también en contra del exjefe de inteligencia de la Brigada VII en 1997 Mauricio Herrán Martínez, el exgobernador del Vichada por Cambio Radical y coronel en retiro Blas Arvelio Ortiz en su condición de excomandante del Batallón Vargas en 1996-1997, así como Julián Darío Vélez, exjefe de inteligencia de la Brigada VII.
En el ámbito de la Policía, el despacho del magistrado Salazar compulsó copias contra los excomandantes de la Policía del Meta, Benjamín Nuñez (1997), Benigno Esteban Londoño (1998) y Mario Gutiérrez Jiménez (1999) y un mayor llamado César Augusto Cárdenas para que sean investigados.
