JEP acusa por tortura y persecución a varios militares del Batallón La Popa

La Sección de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en un documento de 328 páginas conocido por La W, dio vía libre al inicio del juicio en el que impondrá una pena de carácter restaurativo a los militares máximos responsables por falsos positivos en el Batallón La Popa, luego de avalar todos los cargos que les habían sido imputados en la primera etapa del proceso.

Eso sí, corrigió lo determinado en su momento sobre la teoría de haberse tratado de una organización criminal “enquistada” en el Batallón. Para los magistrados de la Sección se trató de una estructura netamente militar responsable de estos crímenes que se valió de sus rangos y herramientas del estado para cometer crímenes de guerra y lesa humanidad.

Pero además, añadió la comisión del crimen de tortura a varios de los militares responsables, particularmente aquellos que participaron en las operaciones directamente, por ejemplo el mayor Guillermo Gutiérrez Riveros, el teniente Carlos Andrés Lora Cabrales, el soldado Yeris Gómez Coronel entre otros. Los jueces tomaron esta decisión al resaltar los secuestros, golpes, humillaciones y demás abusos perpetrados contra distintas víctimas.

Este no fue el único nuevo crimen que les fue añadido, como se indicó en precedencia. Varios de los militares involucrados en el proceso de “inteligencia” como Manuel Valentín Padilla, Efrain Andrade, y otros que participaron materialmente en los homicidios fueron responsabilizados por el crimen de guerra de persecución contra los pueblos Wiwa y Kankuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Ello, al haber asesinado a varios de sus miembros en un contexto de estigmatización señalándolos de ser guerrilleros y asimismo, viéndolos como un objetivo legítimo para convertir en muertes extrajudiciales.

Según lo hallado por la Sección, el 7% de los crímenes totales endilgados a La Popa fueron cometidos contra integrantes de estas comunidades indígenas: “varios comparecientes intervinieron en la configuración de este crimen y reconocieron que ejercieron persecución contra los pueblos Kankuamo y Wiwa, como fue descrito anteriormente” indica el documento de 328 páginas en poder de La W.

Adicionalmente, y ante algunos elementos de prueba que darían cuenta de la responsabilidad de unidades militares en delitos como el exterminio, a partir de lo ocurrido con el Batallón La Popa, la Sección conminó a la Sala de Reconocimiento (sala que se dedica a investigar e imputar delitos para que sean reconocidos o no) para que profundice en el análisis a escala general.