Defensoría del Pueblo alerta sobre la amenaza a la biodiversidad en el Macizo Colombiano
La minería ilegal, la deforestación y los cultivos ilícitos son los principales problemas que enfrentan los ecosistemas.
Macizo Colombiano. Foto: Colprensa. / Web
En el contexto de la Cumbre de Biodiversidad COP-16, la Defensoría del Pueblo ha lanzado una fuerte advertencia sobre los riesgos que enfrentan los ecosistemas estratégicos de Colombia, con un énfasis especial en el Macizo Colombiano, que abarca partes de Cauca, Caquetá, Huila, Nariño, Tolima, Putumayo y Valle del Cauca.
La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, enfatizó que este evento internacional es una plataforma crucial para visibilizar el estado actual de la biodiversidad y promover acciones efectivas para su conservación. “Es esencial implementar estrategias robustas para proteger nuestra biodiversidad ante los numerosos desafíos que enfrenta”, afirmó.
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El informe revela la grave situación que atraviesan los ecosistemas, afectados por la minería legal e ilegal, la deforestación y la expansión de cultivos ilícitos. Estas actividades no solo contaminan recursos hídricos, sino que también amenazan la flora, fauna y las comunidades que dependen de estos ecosistemas, a menudo desprotegidas por la falta de control institucional.
La Defensoría ha identificado que 75 áreas clave para la biodiversidad se encuentran actualmente bajo concesiones mineras, lo que incrementa el riesgo de pérdida de comunidades que actúan como guardianes de la naturaleza. En particular, la ecorregión del Macizo Colombiano, que alberga el 26.8% de los páramos del país, está bajo grave riesgo por la minería y la agricultura intensiva, que alteran ciclos ecológicos y dañan la calidad del agua y del suelo.
El cambio climático también representa un reto significativo, modificando patrones de precipitación y temperatura, lo que afecta a diversas especies y sus hábitats. La Defensoría también señala que la inseguridad generada por conflictos armados dificulta la implementación de políticas de conservación y la gestión sostenible de los recursos naturales.
La Defensoría ha formulado más de 50 recomendaciones a diferentes entidades nacionales y locales para proteger la biodiversidad. Entre ellas, se destaca la necesidad de restaurar los ecosistemas afectados y mejorar la planificación ambiental.
Además, se insta a los sectores productivos y a las comunidades a valorar adecuadamente los recursos naturales en el marco de una gestión integral. La defensora Marín Ortiz pidió al Gobierno y al Congreso profundizar en las intervenciones para abordar las amenazas que enfrentan los ecosistemas estratégicos. También solicitó la inclusión de educación ambiental en los programas escolares y la promoción de prácticas agrícolas sostenibles por parte del Ministerio de Agricultura.
Asimismo, pidió a las fuerzas de seguridad colaborar en la eliminación de la minería ilegal en el Macizo Colombiano y destacó la importancia de proteger a los defensores de derechos humanos y líderes ambientales. “Es vital garantizar la vida, libertad e integridad de quienes luchan por la protección de nuestro patrimonio natural”, concluyó.
