Luego de varias conversaciones para tratar de ponerse de acuerdo entre las carteras del Gobierno, el Ministerio de Hacienda emitió este jueves un comunicado en el que señala que el Acto Legislativo que modifica el Sistema General de Participaciones, que le quita recursos al Gobierno central para transferirlos a las regiones y darles mayor autonomía, “irá de la mano con proyecto de ley de competencias que permita transferir funciones y que garantice la sostenibilidad fiscal”.

“El Ministerio de Hacienda y Crédito Público expresa la importancia de aprobar la respectiva ley de competencias que permita transferir funciones a los entes territoriales dentro del debido análisis de sostenibilidad fiscal, cumplimiento de la deuda y en el marco de las normas vigentes”, señaló la cartera en un comunicado.

Es decir que como las regiones tendrán más dinero también tendrán más responsabilidades.

Hay que recordar que esta cartera se abstuvo de dar aval fiscal a este proyecto, tal como lo reveló La W, lo cual generó una disputa interna entre las carteras de Hacienda e Interior. La razón de no darle el aval es porque “no estaba claramente definida la relación entre la ley de competencias y la entrada en aplicación del Acto Legislativo en caso de ser aprobado. Esta preocupación, ampliamente manifestada, pretendía evitar llegar a un escenario donde la Nación tuviese que distribuir más recursos sin la debida transferencia de competencias”.

La entidad también manifestó que “el alcance de los debates generados, así como la correspondiente ley de competencias derivada del Proyecto de Acto Legislativo, deben contemplar el artículo 334 de la Constitución Política, donde se señala que la orientación de la economía estará a cargo del Estado y se establece que sus intervenciones corresponden a mandatos de ley buscando, entre otros objetivos, ‘promover la productividad y competitividad y el desarrollo armónico de las regiones’; pero, en estricto cumplimiento del marco de sostenibilidad fiscal que “debe orientar a las Ramas y Órganos del Poder Público, dentro de sus competencias, en un marco de colaboración armónica”.

CARF también se pronuncia

La presidenta del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), Astrid Martínez, también se pronunció sobre esta propuesta y alertó que “el proyecto generaría una presión de gasto insostenible para el Gobierno Nacional Central (GNC), aumentando su déficit y llevando la deuda neta a superar, ya no solo el nivel del ancla de la deuda compatible con la regla fiscal (55% del PIB), sino su nivel límite”, lo cual se traduciría en que se elevarían significativamente los costos de financiamiento del Gobierno y se pondría en riesgo el cumplimiento de la Regla Fiscal.

“Se necesitarían alrededor de 3 reformas tributarias promedio para financiar los incrementos adicionales de las transferencias, sin abrir espacio para la inversión pública”, aseveró.

Finalmente, la comunicación remata diciendo que “la propuesta carece de un análisis riguroso sobre las capacidades territoriales y las necesidades de financiación de los sectores que serían financiados por las mayores transferencias. Tampoco considera las fuentes totales que se utilizan para financiar sectores como educación, salud, agua potable y saneamiento básico”.