“Esto no es contra Thomas ni contra la Registraduría”: secretario Andrés Idárraga

En los micrófonos de W Radio habló el secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga, sobre el traslado que dio a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación por actuaciones de la Registraduría con posible incidencia penal y disciplinaria, al adjudicar el contrato para el desarrollo de las próximas elecciones de juntas administradoras locales y áreas metropolitanas, el cual quedó en manos de Thomas Greg & Sons.

El alto funcionario de la Presidencia indicó que sus actuaciones no son contra la Registraduría, que actúa en su autonomía, ni contra la multinacional Thomas Greg & Sons.

Según el alto funcionario, “se identifica que los plazos tan cortos para la ejecución del objeto del proceso de selección no permiten garantizar de forma adecuada la ejecución de las actividades que se pretenden contratar por parte de la RNEC. Esto es menos de dos (2) meses (entre el 23/10, fecha estimada de aprobación de pólizas, y el 17/11 y 24/11, fechas de los escrutinios objeto del contrato) para la parametrización de software, pruebas y alistamientos necesarios previos al escrutinio”.

Además, se identificó que las propuestas no estaban presentadas en las fechas específicas. En ese sentido, según Idárraga, también se encontraron falencias en la experiencia, ya que se certifica que “la experiencia únicamente certificada por la autoridad oficial electoral durante los últimos 10 años, en el caso de Colombia, estaría limitada ampliamente a los contratistas que hayan ejecutado contratos”.

También, según Idárraga, se vieron falencias en el análisis económico para determinar el valor estimado de la contratación, “en atención a que las cotizaciones que sustentan el valor son sustancialmente diferentes y extremas, con una diferencia aproximada de $20.000 millones de pesos en valores totales”.

¿Qué va a pasar con las elecciones presidenciales del 2026?

El alto funcionario explicó que, de cara a las elecciones presidenciales de 2026, actuará siempre conforme a la ley, independientemente de las empresas o de cómo se desarrollen las licitaciones.

“A la luz de lo que algunas personas quieren significar, que esto está en clave por las elecciones del 2026, hay que decir que esta discusión es por la aplicación de la Ley 80. Estamos lejos de cualquier discusión política. Y si, de cara al 2026, es el caso, llevaremos las alertas a la Registraduría, donde llamaremos la atención sobre la constitución de los pliegos de las condiciones”, dijo Idárraga.

“Nosotros llamaremos la atención en la etapa precontractual, como nos corresponde, y daremos traslado a las autoridades. Si bien es cierto que está la separación de poderes, la cual estamos respetando de manera institucional, eso no quiere decir que no tengan licencia para acatar la Ley 80, ni que no se pueda levantar la mano y llamar la atención”, concluyó.

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