“No respondemos a funcionarios del Gobierno”: registrador a señalamientos de Presidencia

El registrador nacional Hernán Penagos respondió a los señalamientos de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia, en cabeza de Andrés Idárraga. Eso, en relación a la adjudicación de un contrato millonario para las elecciones de Junta Administradora Local (JAL) y áreas metropolitanas.

Y es que el pasado 18 de octubre, Idárraga anunció que presentaría una denuncia penal contra la Registraduría por la adjudicación de este contrato de $41.000 millones, otorgado a la unión temporal Disproel 2024, conformada por el grupo ASD, Thomas Greg and Sons y la compañía de seguridad Transbank, único oferente en el proceso.

En una rueda de prensa este miércoles, Penagos negó los señalamientos sobre cualquier ilegalidad en el proceso y defendió la actuación de la Registraduría. Según dijo, el contrato fue adjudicado bajo estrictas normativas legales y técnicas. Y explicó que cualquier cuestionamiento no debe provenir de la Presidencia, ya que han tenido acompañamiento desde la Procuraduría.

“¿Ante quién responden los funcionarios públicos? Pues ante los órganos de control, no ante los funcionarios del Gobierno. Un funcionario del Gobierno no puede sentenciar quién comete actos legales o ilegales”, manifestó en Penagos.

El registrador también defendió al equipo de la Registraduría responsable de organizar los procesos electorales en Colombia y se refirió al eventual proceso licitatorio sobre las elecciones presidenciales de 2026.

“No podemos improvisar con las elecciones de 2026. Si falla el proceso electoral el día de las elecciones, este país entra en serias dificultades democráticas”, advirtió.

Respecto a la licitación actual, cuestionada por la Presidencia, Penagos aclaró que está se agotará en noviembre, por lo que desmintió que tenga impacto en las elecciones de 2026, para las cuales se abrirá un nuevo proceso, según lo aseguró, con la participación de múltiples oferentes y con la participación de empresas extranjeras.