Fallo fiscal contra miembros de Centros Poblados: pagarán $87.027 millones por corrupción
La Contraloría General señaló que en el fallo de primera instancia quedó en evidencia una gestión fiscal ineficaz, ineficiente e inoportuna, pues no se cumplió con la entrega total de equipos para llevar Internet a zonas apartadas.
Centros Poblados. Foto: Colprensa
La Contraloría General emitió un falló fiscal contra los integrantes de Centros Poblados, así como el interventor y proveedor y deberán pagarle al Estado $87.027 millones por el escándalo de corrupción que llevó a que se dejaran de instalar los centros digitales para llevar Internet a las zonas apartadas del país.
Un contrato que se firmó entre esa Unión Temporal y el Ministerio de la TIC en 2020 para instalar 7.277 centros digitales en 16 departamentos del país.
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“Se trató de una gestión fiscal ineficaz, ineficiente e inoportuna, pues no se cumplió con la entrega total de equipos para la culminación del proyecto Centros Digitales que buscaba llevar internet gratuito a zonas rurales de 16 departamentos del país”, señala la cartera en un comunicado.
Recordemos que hubo una terminación anticipada del contrato que implicaba el retorno de los recursos públicos en virtud de la obligación adquirida, sumado a la presentación de una garantía bancaria falsa por parte el consorcio, sin la cual no se hubiera dado inicio al contrato y, por ende, no se hubieran desembolsado los recursos por concepto de anticipo ($70.000 millones).
Entre tanto, la Contraloría salvó de toda responsabilidad a tres funcionarios del Fondo Único de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Funtic):
- Adriana Meza, representante legal delegada de Funtic.
- Sandra Orjuela, subdirectora de Gestión Contractual del Ministerio TIC.
- Camilo Jiménez Santofiminio, supervisor del contrato.
