PGN pide negar solicitud de exFarc que busca tumbar casos de delitos sexuales a menores

Una investigación realizada por el periodista Jorge González muestra la lucha de la procuradora delegada ante la JEP, Uldi Teresa Jiménez, en el despachho de la magistrada Belkis Izquierdo para evitar que delitos sexuales cometidos por por exintegrantes de las Farc no queden en la impunidad.

En su pronunciamiento, la procuradora pidió que se niegue la solicitud de nulidad con la que exintegrantes de las Farc buscan tumbar casos de delitos de violencia sexual contra menores.

Los abogados de los exintegrantes de las extintas Farc buscan frenar procesos por “presuntas anomalías de carácter procedimental y de forma y adujeron también que durante la época en la que ocurrieron esas graves violaciones de derechos humanos las Farc-EP no ejercían control territorial en esas poblaciones del pacífico colombiano”.

Y es que esto llega en medio del caso de Sofía Delgado que conmocionó al país: una niña de tan solo 12 años que fue abusada y luego asesinada, al parecer, por Bryan Campo, quien reconoció el crimen.

En el pronunciamiento de la procuradora, también pide que se “exhorte a los sujetos procesales a ejercer sus atribuciones legales en el marco del respeto hacia las víctimas”.

Farc quieren tumbar la acusación en su contra por abuso a mujeres y niñas en Nariño: lea aquí esta exclusiva de La W

Por: Rafael Artistizábal

A pesar de que la violencia sexual cometida por las extintas estructuras de las Farc contra mujeres, niñas, hombres y población LGBTI ha sido ampliamente documentada por la Fiscalía, la JEP, organizaciones de víctimas, y los propios desgarradores testimonios de estas, los excomandantes de la guerrilla en Nariño, han decidido desconocer la imputación que les hizo la JEP por estos delitos.

Se trata de varios de los exjefes de las Farc más visibles, uno de ellos hoy senador de la república: Pablo Catatumbo. También, Edgar López Gómez ‘Pacho Chino’, uno de los excomandantes más tristemente recordados en el suroccidente, entre otros exmandos guerrilleros. Estos, de forma reservada y sin mucho ruido solicitaron a la JEP tumbar, vía nulidad, la imputación por crímenes sexuales cometidos contra mujeres y niñas, a pesar del abundante y desgarrador número de testimonios.

En el documento, en poder de La W, los excomandantes de las Farc en ese departamento aseguraron que con dicha imputación por abuso sexual se les vulneraron sus derechos afirmando que desde un principio cuando se inició la investigación sobre Nariño no se incluyó la temática de violencia sexual sino que se agregó en el camino de forma unilateral; también, acusaron de actuar con “sesgos” y “preguntas sugestivas” a la magistrada Belkis Izquierdo y su equipo, que les imputó estos abominables delitos.

“...cantidad importante de preguntas: inadecuadas incluyendo sugestivas, coercitivas, impertinentes, tergiversadoras, compuestas, conclusivas, especulativas y de generalización apresurada; lo que produjo, sesgos cognitivos de confirmación, de disponibilidad, de representatividad y de anclaje, que comprometen gravemente el principio de imparcialidad, el principio de legalidad”, protestaron los excomandantes de las Farc.

En esa misma línea afirmaron que se les violó la “dignidad humana”. De acuerdo con el polémico escrito, aseguran que en los informes entregados por las organizaciones de víctimas, cerca del 50% de los crímenes no tienen un claro actor armado identificado. Además, alegan que no se les permitió conocer por escrito los testimonios de las víctimas para corroborar la información que narraron, aseguraron que varios relatos son inconsistentes y se les quiere acusar de abusadores de mujeres y niñas bajo una “tesis infundada”.

“No solamente el patrón de macrocriminalidad fue creado en la imputación de 2023 a partir de informes incompletos, incorporados de manera irregular sino, también, a partir de hechos aleatorios, versiones individuales y colectivas al azar que se materializan en una selección de hechos y comparecientes de facto, con el fin de subsanar una irregularidad procesal al incorporar hechos y conductas de violencia sexual sin ningún tipo de contrastación y aludiendo a preguntas inadecuadas en las que se pueden identificar sesgos cognitivos de los magistrados que afectan gravemente el principio de imparcialidad, con miras a probar una tesis infundada de violencia sexual”, señaló la excomandancia.

De hecho, en el documento que ha generado la profunda decepción de las víctimas con Catatumbo, ‘Pacho Chino’ y los otros exjefes guerrilleros, estos aseguraron que la guerrilla no ejercía un control “territorial hegemónico” en el sur de Nariño, por lo que se les debía probar que habían sido ellos y no otros actores armados los responsables de la violación. Acusaron a la JEP de “distorsionarlos”.

“La Sala distorsionó los planes y políticas de las Farc al intentar probar el patrón, atribuyéndoles un control territorial hegemónico, unilateral e indisputado que nunca tuvieron. Esto implicó ignorar la falta de presencia exclusiva de las antiguas FARC-EP en Tumaco, Ricaurte y Barbacoas, así como el escenario real de disputa constante entre diversas fuerzas”, argumentaron.

Así las cosas, los excomandantes de las Farc en Nariño, a pesar de lo determinado por la JEP y los abundantes testimonios de las víctimas, que les fueron puestos de presente, solicitaron declarar la nulidad de la imputación por crímenes sexuales contra la población civil hasta que se ajusten los “yerros” en su contra, punto sobre el que la JEP no se ha pronunciado de fondo.

Lo alegado por las Farc choca con los crudos testimonios de las víctimas

A pesar de que los excomandantes de las extintas Farc acudieron a señalar que en los testimonios de las víctimas estas no identificaban a las Farc plenamente como sus autores, o no “cuadraban” las fechas, entre otros argumentos, lo cierto es que al revisar el escrito de imputación son numerosos y crudos los relatos, más de 100, los que vinculan a miembros de las Farc con dichos vejámenes.

Por ejemplo, en crímenes atribuidos a la Columna Móvil Daniel Aldana, al Frente 29 y a la Columna Móvil Mariscal Sucre, se retrataron los sendos casos de mujeres que fueron abusadas sexualmente en campamentos guerrilleros, en sus casas, en zonas aledañas a sus resguardos (las indígenas Awá), niñas hasta de 5 años, entre otras; vejámenes en los que las víctimas fueron muy específicas con las fechas y detalles, distinto, de acuerdo con estos relatos, a lo que argumentaron los exjefes de las Farc con lo cual buscan salirse de lo encontrado.

“...entre 5 y 6 hombres vestidos de camuflado, pertenecientes a las FARC EP, con brazaletes de color amarillo, azul y rojo, y con armas largas, llegaron a la casa a preguntar por su hermano. Al no indicarles su paradero, la golpearon al igual que a las demás mujeres que estaban presentes, aprovechando que ese día las mujeres de las tres familias vecinas estaban solas. Los hombres armados fueron de casa en casa y violaron a las víctimas: les arrancaron la ropa, las desnudaron, las golpearon y las accedieron carnalmente”, indica el testimonio de siete indígenas Awá violadas el 6 de mayo de 2007.

En ese mismo sentido, también se encuentran testimonios que retratan casos de violaciones sistemáticas que se convirtieron en esclavitud sexual ejercida por meses por las Farc contra mujeres nariñenses, así como otras graves violaciones a su integridad, nuevamente con fechas y detalles, a diferencia de lo que protestan las Farc y sus abogados.

“El día de los hechos se encontraba recogiendo agua cerca de su casa y fue tomada por la fuerza por dos hombres uniformados y con brazalete de las FARC-EP. Uno de ellos le tapó la boca y la tiró al suelo. La mujer ejerció resistencia, pero fue golpeada en la cabeza y en el rostro hasta perder el conocimiento. Ambos la violaron y le hicieron una herida en una de sus piernas con arma blanca”, señala el relato de la víctima el 16 de marzo de 2008.

Son diversos los testimonios que retratan la responsabilidad de las Farc en estos crímenes, en los relatos realizados por las mismas víctimas identificando a sus agresores con brazaletes y camuflados, algunos de los casos incluso con el “alias” porque eran guerrilleros conocidos en la zona, lo cual diferiría con lo alegado por la extinta guerrilla sobre falta de información o relatos incongruentes de las mujeres abusadas.

W Radio también buscó a las víctimas que están acreditadas ante la JEP y hacen parte del proceso investigativo con el fin de conocer su posición ante la actitud asumida por el senador Pablo Catatumbo, ‘Pacho Chino’ y los demás exjefes guerrilleros imputados.

Una de estas víctimas reconocida dentro del caso en la JEP, e identificada plenamente por La W a quien se le protege su nombre por seguridad calificó esta maniobra jurídica como una intención para “callar sus voces” con la cual buscan querer negarles el acceso a la justicia.

“¿A las víctimas por qué las están ignorando? quedamos en medio de este conflicto. Son mujeres que estaban dentro de sus hogares y fueron sacadas y las utilizaron. Ese informe (con relatos de víctimas) se entregó, ellos lo tienen en sus manos y lo están ignorando. La ley tiene que actuar”, afirmó la víctima en Nariño.

Asimismo añadió: “no se puede permitir que unos pocos acallen las voces de muchas mujeres que están luchando por una reparación emocional, que no se quede impune”.

La última palabra sobre este caso la tiene la JEP, que ahora deberá responder qué ocurrirá en el caso. Por el momento indicó que va a tener en cuenta lo argumentado por las extintas Farc como una “observación”, por tanto, tendrá que pronunciarse de fondo sobre si acepta o no acepta lo que plantearon los exjefes guerrilleros que choca con los más de 100 testimonios recogidos y avalados por la justicia transicional colombiana.