Fue presentado ante ONU y OEA un informe sobre financiación del terrorismo en Colombia
El documento fue presentado por el abogado Víctor Mosquera, quien lidera la defensa internacional del expresidente Álvaro Uribe.
Disidencias en el Cauca. Foto: prensa Farc
Fue presentado un informe ante el Comité Contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
El texto, radicado por el abogado colombiano Víctor Mosquera, cuestiona la posible asignación de recursos públicos a la financiación de grupos terroristas como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC-EP, en el contexto de la política de “Paz Total”.
Según el informe conocido por W Radio, estos fondos han sido utilizados “para financiar actividades criminales, lo que constituye una violación de las obligaciones internacionales de Colombia en la lucha contra el terrorismo”.
Relata el documento, por ejemplo, que “el 23 de julio de 2024, se anunció a través de medios públicos que varios líderes de los disidentes de las FARC fueron ubicados en un puesto de control militar en la carretera que va de Medellín a Anorí, en Colombia, siendo transportados en camionetas de protección pertenecientes a la Unidad Nacional de Protección (UNP), una entidad adscrita al Ministerio del Interior cuyo propósito es proporcionar equipos de seguridad para ciudadanos, grupos y comunidades que, debido a su trabajo, enfrentan un riesgo extremo para sus vidas. Entre ellos no solo había personas autorizadas, sino también combatientes con órdenes de arresto vigentes que no estaban autorizados para utilizar dichos vehículos”.
Y agrega: “En estas camionetas, las autoridades encontraron posteriormente una gran suma de dinero, oro y armas, situación que fue ratificada por el gobernador de Antioquia y que no está permitida ni siquiera en el marco de los diálogos que se están llevando a cabo con el grupo armado”.
“El uso de recursos del Estado para financiar actividades terroristas es una violación flagrante de los compromisos internacionales de Colombia. Este informe demuestra la falta de mecanismos efectivos de control sobre estos fondos, y es imperativo que la comunidad internacional tome medidas”, afirmó el abogado Víctor Mosquera Marín.