Reforma judicial propone rebajas del 50% para delitos graves si aceptan cargos o colaboran

Este miércoles, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General de la Nación presentan ante el Congreso de la República el proyecto de ley que busca realizar una reforma al sistema judicial.

La iniciativa propone modificaciones en aspectos como la reparación integral, los beneficios por allanamientos y preacuerdos, y la aplicación del principio de oportunidad.

El documento, de 15 páginas, plantea ajustar las condiciones de acceso a beneficios para quienes acepten su responsabilidad penal, así como nuevas facultades para los fiscales en casos donde la preservación de la prueba sea prioritaria.

Puntos claves de la reforma:

Reparación integral

El proyecto introduce cambios importantes en la figura de la reparación integral, proponiendo que esta pueda servir como causal de preclusión del proceso penal en delitos con penas máximas de hasta seis años de prisión. Esto incluye delitos como el homicidio culposo, las lesiones personales culposas y aquellos relacionados con el patrimonio económico, siempre que el procesado acepte su responsabilidad y repare completamente el daño causado a la víctima.

Justicia premial

Uno de los ejes de la reforma es la justicia premial, que les permite a los imputados obtener rebajas en sus condenas al aceptar los cargos. En este sentido, se proponen dos líneas de acción. Para delitos graves, como los crímenes sexuales contra menores, el secuestro o actos de terrorismo, la rebaja de la pena será de hasta el 50%, aunque el porcentaje dependerá de la etapa procesal en que se produzca la aceptación de los cargos.

Por otro lado, el proyecto plantea eliminar la menor rebaja de la pena en los casos de captura en flagrancia y extender los beneficios para los delitos de feminicidio, donde los condenados podrán acceder a una reducción de hasta la mitad de la pena si aceptan los cargos.

Pruebas anticipadas

La reforma les otorga a los fiscales facultades para solicitar la práctica anticipada de pruebas, específicamente en el caso de testimonios que podrían verse comprometidos con el tiempo. Esta prueba anticipada deberá rendirse ante un juez, garantizando así la integridad y la legalidad del proceso.

Principio de oportunidad

La reforma también incluye cambios en la aplicación del principio de oportunidad, permitiendo la interrupción del proceso cuando sea necesario para concretar negociaciones, preacuerdos o acuerdos entre la Fiscalía y el imputado o acusado, facilitando así la terminación anticipada de los procesos.

Sin embargo, se establecen restricciones estrictas para delitos graves. En casos de tráfico de estupefacientes, terrorismo o financiación de actividades terroristas, solo se podrá aplicar el principio de oportunidad si se presentan las causales cuarta y quinta, y siempre que los beneficiados no sean cabecillas, organizadores, promotores o directores de organizaciones delictivas. Además, se prohíbe la aplicación de este principio en investigaciones o acusaciones relacionadas con crímenes de guerra, genocidio, delitos de lesa humanidad o graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario.

Control de garantías

Otro de los puntos claves es la modificación en el control de garantías para los aforados constitucionales que no sean congresistas. En estos casos, un magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá asumirá la función de juez de control de garantías y las apelaciones serán resueltas por la sala siguiente del mismo tribunal.

Impacto del proyecto

El Gobierno espera que esta reforma agilice los procesos judiciales y garantice un mayor acceso a la justicia para las víctimas, al tiempo que busca fortalecer los mecanismos de reparación y mejorar la eficiencia en la administración de justicia.