Encienden alarma por posibles irregularidades en adjudicación de contrato de Registraduría
Desde la Secretaría de Transparencia aseguran que solo se estaría beneficiando a los mismos contratistas de siempre y que no sería conveniente realizar la audiencia de adjudicación.
Registraduría Nacional del Estado Civil. Foto archivo: Camila Díaz/Colprensa
El secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga, solicitó a la Registraduría suspender la audiencia de adjudicación de un contrato de asistencia logística y tecnológica, por más de $41.000 millones, destinado a la realización de procesos electorales.
Según Idárraga, la petición se hace debido a la identificación de posibles acciones que podrían limitar el acceso plural de oferentes en el proceso de selección, facilitando así la adjudicación a contratistas recurrentes, como Thomas Greg & Sons.
Idárraga argumentó su solicitud explicando que se han establecido “plazos de menos de 2 meses, previos a la fecha estimada para el desarrollo del proceso electoral y para la ejecución del contrato (parametrización de software, pruebas y alistamientos previos al escrutinio), lo cual no garantiza la adecuada ejecución para un contratista que no haya tenido experiencia previa con la entidad”.
Además, el secretario de Transparencia señaló que la Registraduría ha establecido fechas de entregables que deben cumplirse incluso antes del cierre del proceso de selección.
Estas actividades, sostuvo Idárraga, deberían ser responsabilidad del contratista seleccionado dentro del plazo contractual y no parte de las ofertas presentadas durante la selección.
Idárraga también expresó que “la experiencia específica requerida podría restringir el acceso, ya que, al exigirse experiencia certificada por la autoridad oficial electoral en los últimos 10 años, en el caso de Colombia, se limita a contratistas que hayan trabajado previamente con la Registraduría.”
Aunque se permite la participación de oferentes extranjeros, el acceso de estos también se ve limitado debido a exigencias de alistamiento y logística específicas para Colombia. Además, deben acreditar contratación directa, sin posibilidad de subcontratación.
Según Idárraga, esta serie de requisitos restringe la participación a un reducido grupo de contratistas, entre los que figuran Thomas Greg & Sons Limited (Guernsey) S.A, y Prosegur de Colombia S.A.
Cabe mencionar que aunque el alto funcionario mencionó a la empresa Carvajal Tecnología y Servicios ésta no participa en procesos electorales. Además, desde hace más de 3 años no interviene en los procesos citados en la información publicada.
Finalmente, Idárraga indicó que “no se ha identificado de forma clara el análisis económico para determinar el valor estimado de la contratación. Las cotizaciones utilizadas presentan diferencias extremas, con un margen aproximado de $20.000 millones, lo que podría encarecer innecesariamente el servicio respecto a la cotización más económica, o reducir significativamente el valor de ejecución respecto a la cotización más alta, afectando la adecuada prestación de los servicios.”