Se congela demanda de Thomas Greg & Sons contra el Gobierno por licitación de pasaportes
La demanda es por 117.000 millones de pesos.
Imagen de referencia vía Getty Images / Jose Arbelaez - Fotografía
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspendió el proceso por la demanda de 117.000 millones de pesos por el caso de los pasaportes que interpuso Thomas Greg & Sons contra el Ministerio de Relaciones Exteriores. El proceso quedará congelado desde este viernes 4 de octubre hasta el 23 de enero de 2025.
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La decisión judicial se dio luego que Thomas Greg & Sons hubiese llegado a un acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores y le hubieran solicitado al alto tribunal la suspensión de la demanda por 60 días hábiles.
En ese sentido, la magistrada Bertha Lucy Ceballos Posada accedió a la solicitud de las partes intervinientes y decretó la suspensión del caso que se reanudará en enero de 2025.
“Las partes, de manera conjunta solicitaron la suspensión del proceso por el término de 60 días hábiles. De conformidad con el artículo 161.2 del C.G.P., la suspensión del proceso es procedente cuando las partes la pidan de común acuerdo, por tiempo determinado. La presentación verbal o escrita de la solicitud suspende inmediatamente el proceso, salvo que las partes hayan convenido otra cosa”, se lee en el auto emitido en la tarde de este jueves por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Antecedentes de la demanda
El litigio comenzó con la demanda que la Unión Temporal Pasaportes 2023, conformada mayoritariamente con la multinacional Thomas Greg & Sons, interpuso para anular el acto administrativo con el que el Gobierno declaró desierto el proceso de licitación con el que se le asignaría a una empresa la tarea de elaborar los pasaportes en Colombia.
La Cancillería había emitido dos resoluciones con las que aseveró que no le entregaría el contrato para los documentos a la empresa Thomas Greg, que ya llevaba varios años como encargada. En febrero de este año, José Antonio Salazar, entonces secretario de la Cancillería, tumbó ambos documentos y echó a andar, de nuevo, la licitación.
Y por eso, el propio presidente Gustavo Petro apartó de su cargo a Salazar. Una resolución de junio terminó revocando todo lo que el exfuncionario hizo en función de la fallida contratación.
La demanda siguió adelante y el Tribunal Administrativo la admitió en abril. Poco más de tres meses después, se examinaron algunas pruebas y propuestas.
Sin embargo, cuando se creía que saldría una sentencia por este proceso judicial, las partes (Thomas Greg & Sons y el Ministerio de Relaciones Exteriores) llegaron a un acuerdo y pidieron la suspensión del caso.
